jueves, 14 de junio de 2018

EL PROFESOR/PERSONAL COLABORADOR DOCENTE UNIVERSITARIO HONORÍFICO










Se ha publicado recientemente en el DOE (enlace), un Concierto suscrito el 16 de mayo de 2018 entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura en materia formativa cuya finalidad es (así se leerá en el mismo): << atender a los requerimientos que actualmente guían la formación de los futuros profesionales de Ciencias de la Salud para incrementar la eficacia y calidad del sistema sanitario y responder a las modificaciones normativas que han tenido lugar a partir de la publicación del Concierto actualmente en vigor >>.




Para la consecución de tan legítimos fines, en este Concierto (cláusula novena) nos vamos a topar, de nuevo, con la, a mi juicio, inquietante (desde el punto de vista legal) figura del PROFESOR COLABORADOR HONORÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (al que ya me referí en una entrada anterior), cuya existencia se va a justificar con la siguiente coartada (punto 1 de esa cláusula novena):




<< De acuerdo con las directrices generales del Real Decreto 1558/1986, “todo servicio concertado lo será en su totalidad”. Por consiguiente, todo el personal de la plantilla de los centros sanitarios objeto del presente Concierto que colabore en la docencia clínica y no ocupe plaza docente, tendrá derecho al nombramiento de profesor colaborador honorífico de la Universidad de Extremadura. Dicho nombramiento se realizará por el Rector de la Universidad a propuesta de los diferentes departamentos universitarios a los que estén asignados los profesores, oídos los centros de los que dependa la docencia. La Universidad de Extremadura llevará un registro de este personal, cuya actividad certificará a solicitud del interesado, en un documento específico, para que pueda surtir efectos curriculares y de carrera profesional >>.




Esta presentación de la figura del “profesor colaborador honorífico” se completa con un exiguo y claramente insuficiente régimen jurídico y una serie de beneficios (no dinerarios) claramente dirigidos a seducir o embaucar a los profesionales (no sé si lo suficientemente cautivadores), reunidos todos ellos en el punto 3 de esa misma cláusula novena.



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COLABORACIÓN




A los colaboradores docentes clínicos los nombra la Comisión Mixta a propuesta del SES y de la Universidad de Extremadura (antes, el Concierto dice que los nombramientos se realizan por el Rector de la Universidad a propuesta de los diferentes departamentos universitarios a los que estén asignados los profesores, oídos los centros de los que dependa la docencia).


Estos colaboradores docentes no ocupan plaza en la Universidad.



BENEFICIOS


Estos colaboradores docentes recibirán de la Universidad una certificación académica de las horas impartidas (como máximo 180 horas por curso académico), de modo que este mérito sea uno de los criterios a tener en consideración a la hora de evaluar la carrera profesional docente y asistencial.



Esa colaboración docente clínica será tenida en cuenta por la Universidad de Extremadura en los baremos para la selección de profesor asociado en Ciencias de la Salud, y por las Instituciones Sanitarias en los concursos para la provisión de puestos de trabajo (que le pregunten a las enfermeras si el SES valora ese trabajo...).



Los colaboradores docentes podrán consignar dicho reconocimiento en sus publicaciones o comunicaciones científicas.


Los colaboradores docentes tendrán derecho: (i) al uso de los servicios deportivos del SAFYDE, en las mismas condiciones que el PDI de la Uex;  (ii) a acceder a la formación en idiomas que se imparte en el Instituto de Lenguas Modernas (ILM-UEx) con las mismas tasas y condiciones que tiene el PDI de la Uex; (iii) a realizar la acreditación de los distintos niveles de idiomas en el ILM-UEx, de acuerdo con los convenios que tenga suscritos con las instituciones de acreditación de cada país; (iv) a usar la plataforma CertiUni, creada bajo el auspicio de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para la acreditación universitaria de idiomas, TIC y formación en valores con las mismas tasas que el PDI de la Uex; (v) a acceder gratuitamente a los cursos de formación del Servicio de Orientación y Formación Docente de la UEx (SOFD) y a los del G-9 en las mismas condiciones que el PDI; (vi) a acceder a los fondos documentales de la biblioteca de la UEx, así como al fondo REBIUN de todas las universidades españolas y del CSIC; (vii) a la utilización de las instalaciones de la Residencia Universitaria de la UEx en Jarandilla de la Vera, con los mismos descuentos que los profesores de la UEx.





CUESTIONES CONTROVERTIDAS








I.-
¿  BASE LEGAL  ?



La figura del colaborador docente universitario honorífico (o como se la quiera denominar) carece de base legal. El Real Decreto 1558/1986 que se cita en el Concierto no lo contempla. De hecho, si echamos un vistazo al Protocolo publicado en el BOE de 6 de febrero de 2017 mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud ( protocolo ) podremos comprobar cómo en el mismo se dice que:


<< Los residentes y alumnos en formación, que realicen rotaciones o prácticas en centros sanitarios, contaran respectivamente con un tutor de formación especializada o, con un tutor clínico, un profesor con plaza vinculada, o un profesor asociado de ciencias de la salud, pertenecientes a la plantilla del centro sanitario donde se desarrollan las prácticas clínicas. Los citados responsables docentes serán las personas de referencia a las que podrán dirigirse otros profesionales del centro o personas ajenas al mismo, en relación con las actividades que realicen residente y alumnos en formación >>.



Ni rastro del colaborador docente universitario honorífico.



II.-
¿  CONVOCATORIA PÚBLICA  ?



Los colaboradores son nombrados sin necesidad de previa convocatoria pública (lo que pone en tensión los principios constitucionales que rigen el acceso a las funciones públicas, art. 23.2 CE) y se opta a tales “puestos” de forma voluntaria (para tranquilidad de todos, el Concierto no configura la docencia como una función inherente al  profesional sanitario).



III.-
¿  DERECHOS, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES, FUNCIONES  ?



Esos colaboradores son nombrados a propuesta del SES y de la Universidad pero, ciertamente, se desconocen (porque no se refieren) cuáles son sus derechos, sus deberes, sus obligaciones; no tienen definidas claramente sus funciones, sus responsabilidades; no se determina quién dirige o define las directrices de su trabajo, ni de quiénes dependen cuando desarrollan esa función colaboradora, ni a quiénes deben rendir cuentas, o si gozan de autonomía en ese cometido, etc.


En consecuencia, se ignora casi por completo su régimen jurídico, lo que genera una palmaria inseguridad jurídica. Me pregunto, por ejemplo, qué autoridad tiene (qué norma se la atribuye) y qué responsabilidad asume el colaborador docente a la hora de garantizar los derechos  de los pacientes (por ej: intimidad) cuando, como se ha visto, el Protocolo de 2017 no lo menciona.







IV.-
CARÁCTER HONORÍFICO



La colaboración es “a título honorífico”, es decir, sin contenido económico relevante. Sin embargo, a los colaboradores sí que se les reconocen expresamente beneficios / ventajas, y entonces nos surge la duda respecto a si tales contraprestaciones se compadecen con aquella liberalidad y están a salvo de los vampiros de Hacienda (exentas a efectos fiscales).




V.-
HABITUALIDAD




Ha quedado dicho que los colaboradores son nombrados por una Comisión Mixta a propuesta del SES y de la Universidad de Extremadura. Ahora bien, el derecho a obtener un certificado (para que su actividad pueda surtir efectos curriculares y de carrera profesional) se condiciona a que la colaboración sea habitual (si bien con un máximo de 180 horas por curso académico).






Verán, si a la nota de la “habitualidad”  de la colaboración de estos bienintencionados (qué duda cabe) profesionales sumamos (i) los (exiguos) beneficios “en especie” que se les dispensan; (ii) el hecho cierto de su “nombramiento”; (iii) y que, efectivamente, ejercen como personal docente por cuenta de la Universidad, contribuyendo a la formación de sus alumnos; se me plantea la seria duda respecto a si no estaremos en presencia de auténticas relaciones de trabajo, sujetas por tanto al Estatuto de los Trabajadores y demás formalidades. Y es que no termino yo de ver que se trate de << trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad >>, extramuros del Estatuto de los Trabajadores (art. 1.3.d).





Con esta entrada en modo alguno trato de censurar la bondad de la colaboración docente. Para nada es esa mi pretensión. No tengo la menor duda de que el personal accede a prestar esa colaboración de forma absolutamente desinteresada, sin atender a los posibles beneficios que ello les puede reportar. El análisis es, por el contrario, de estricta legalidad y, en todo caso, persigue una mayor protección de los profesionales y, también, por supuesto, de los pacientes.



lunes, 4 de junio de 2018

PERMISO PARA PROCESO SELECTIVO FUERA DE EXTREMADURA










Hay consultas que, por su aparente sencillez, se prestan a ser respondidas con una celeridad que, en ocasiones, se torna en atrevida ligereza — tantas veces hermanada con la comodidad, con la apatía o con la desidia — cuando no se estudian con cierto detenimiento. Hay que ser rigurosos incluso en la duda, porque un concienzudo análisis no es garantía de certidumbre pero sí que hace razonable y, por tanto, admisible y excusable la hesitación que, aun así, nos pueda invadir. 




El ámbito jurídico (también el sanitario) es, desde luego, un terreno enormemente fértil para el alumbramiento de interrogantes — inmejorable abono para la generación de controversias — lo que explica que, en muchas ocasiones, intentar responder a una consulta, por simple que ésta parezca, sea como adentrarse, cual Teseo pero sin hilo de Ariadna, en el laberinto de Dédalo en busca del minotauro.



Como caldo de cultivo de incertidumbres, la función pública es verdaderamente ejemplar, porque, entre otras cosas, es habitual que: (i) en la regulación de una determinada materia confluyan, se imbriquen y enzarcen normativas estatales, autonómicas, locales, sectoriales...; (ii) que en su redacción participen distintos agentes, cada uno de su padre y de su madre; (iii) que se recurra a expresiones poco claras, susceptibles de infinidad de interpretaciones, o directamente equívocas; (iv) o que los destinatarios de los textos sean, indistintamente, funcionarios, estatutarios y laborales.  Un caos, vamos.



Como muestra, un botón. Supongamos que nos formulan la siguiente pregunta:


¿Existe a nivel SES un permiso reconocido al personal estatutario para asistir a pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo convocadas por Administraciones que no sean de la Comunidad Autónoma de Extremadura?



Abanico de respuestas:



1.             Las Instrucciones del SES


Si consultamos las Instrucciones del SES, de 8 de mayo de 2013 (punto 2.15, letra e), que regulan el régimen aplicable de permisos y vacaciones al personal del Organismo Autónomo, la respuesta es que NO. ¿Por qué razón? Porque requiere que se trate de pruebas selectivas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremaduraenlace a Instrucciones ). Reproduzco a continuación el contenido de ese punto 2.15, letra e):



<< Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de celebración, así como, en las mismas condiciones, para asistir a las pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los exámenes finales o pruebas definitivas de aptitud deben corresponder a estudios reglados para la obtención de un título académico o de una capacitación profesional.

Cuando un trabajador tenga asignado un turno nocturno, guardia o atención continuada durante la noche inmediata anterior al día del examen o prueba, tendrá derecho al cambio de turno o guardia inicialmente asignados >>.


Respecto a estas Instrucciones, interesa hacer notar que:


No son el resultado (que se sepa) de una negociación son las OO.SS., con lo que se incumple el artículo 80.2, letra f), de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, según el cual el “régimen de permisos y licencias” debe ser << objeto de negociación >>.


Se aplican también al personal funcionario y laboral que trabaja en el SES <<...en la medida en que se no se oponga a la normativa para el personal funcionario de la Administración Autonómica y al Convenio Colectivo para personal laboral de la Junta de Extremadura >>.



2.             El Decreto 149/2013


Si acudimos al Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, más en concreto, a su artículo 13.1, letra e), nos encontraremos con un permiso prácticamente idéntico al de la Instrucciones del SES, para cuyo reconocimiento también se va a exigir que se trate de pruebas selectivas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El permiso dice así:


<< Para concurrir a exámenes finales y a otras pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluida la Universidad de Extremadura, durante los días en que tengan lugar >> ( enlace a Decreto ).



Aunque dirigida principalmente al personal funcionario y laboral de la Junta de Extremadura, este Decreto 149/2013 podría ser aplicable al personal estatutario SES según su artículo 1.3, donde se dice que: << Al personal docente no universitario, al investigador y al personal estatutario, en defecto de normativa específica, les es de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en este Decreto >>.


No obstante, como el tenor del permiso en liza es el mismo que el previsto en las Instrucciones del SES, de no existir éstas tampoco nos los reconocerían. Vamos, que nos quedaríamos igual.



3.             La Ley 13/2015 de Función Pública de Extremadura


Nos queda por rendir visita a la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. Su artículo 53.1, letra d), reconoce el siguiente permiso:


< < Para concurrir a exámenes y demás pruebas de aptitud y evaluación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo en organismos internacionales y Administraciones Públicas de España, incluidas Universidades, durante los días en que tengan lugar >>.



Esta ley se muestra, qué duda cabe, más generosa que las Instrucciones del SES y que el Decreto 149/2013 puesto que no condiciona la concesión del permiso que nos ocupa a que las pruebas selectivas se convoquen por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Que de esta última regulación se beneficia al personal funcionario que trabaja en el SES no parece haber duda. El debate se va a plantear respecto a su aplicabilidad al personal estatutario.



Lean el siguiente pasaje que contiene la Exposición de Motivos de esta Ley 13/2015:


<< En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, la misma posee una vocación expansiva y, aunque limitada a la naturaleza de la entidad a la que se dirige, ejerce su influencia sobre el conjunto del sector público extremeño. Así, la ley incluye en su ámbito de aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a las Administraciones locales extremeñas, incluidos los organismos y entidades públicas dependientes de una y otras; a la Universidad de Extremadura, en cuanto al personal de administración y servicios, así como, en ciertas materias determinadas por esta norma, al sector instrumental.

Ello no es óbice para que se respeten las singularidades del personal docente no universitario, de una parte, y del personal estatutario adscrito al Servicio Extremeño de Salud, de la otra, a los que resultarán de aplicación con carácter supletorio las previsiones de esta ley, en la medida en que no contradigan lo dispuesto en la legislación específica dictada por el Estado y en las normas específicas que se dicten por la Comunidad Autónoma en el ámbito de las competencias atribuidas >>.



Ahora, echen un vistazo al artículo 2.2 de la Ley 55/2003: << En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV, serán aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente >>.



Tenemos, por un lado (i), que el legislador extremeño subraya la vocación “expansiva” de su ley de función pública (aunque la suaviza al abordar el régimen jurídico del personal estatutario, al que se le aplicará de forma supletoria); y, por otro (ii), que el legislador estatal (en la Ley 55/2003) reconoce la aplicabilidad al personal estatutario de las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente — lean bien ahora — << En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV >>.



¿Cómo queda la cosa entonces?



Les expongo mi opinión, que, por supuesto, someto a mejor opinión fundada en Derecho:


como no hay una ley, acuerdo o pacto que regule el permiso en liza a nivel SES, procede la aplicación supletoria de la Ley de Función Pública de Extremadura al personal estatutario.




Soy Raúl Tardío López, Abogado colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados de Badajoz, miembro de AEPYDES