viernes, 9 de febrero de 2018

TE DUERMES ENFERMERA Y DESPIERTAS TAMBIÉN DOCENTE







Ha caído en mis manos un informe elaborado por la Responsable de la Asesoría Jurídica de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, de fecha 24 de abril de 2017, sobre <<obligaciones docentes de los profesionales sanitarios>>, en el que consta, como segunda conclusión:


<<Que la función docente no es sólo una obligación de la Administración sanitaria, sino que los propios profesionales tienen el derecho a la formación y el deber de formarse y de colaborar con la propia organización de las actividades docentes que deben llevar a cabo para la formación de todos los profesionales en las distintas etapas de su carrera profesional>>.


Se nos dice que la función docente es una obligación de los profesionales sanitarios, a lo que se suma que sobre ellos también pesa el deber de colaborar con la propia organización de las actividades docentes. No parece haber escapatoria. Si vas por un lado, te topas con la obligación; si vas por el otro, peor aún, te las vas a ver con el deber.






Pero, ¿qué norma impone como obligación la función docente y el deber de colaborar con la propia organización de actividades de tal índole?


Verán. Es innegable —porque así lo establece la ley— que toda la estructura asistencial del Sistema Sanitario está en disposición de ser utilizada para la docencia de los profesionales, como tampoco se puede cuestionar que la formación continuada es un derecho individual del personal estatutario. De hecho, no creo que nadie en su sano juicio ponga en duda la necesidad de la formación continuada en Sanidad, ya no sólo por interés de los propios profesionales sino en aras de los pacientes. A más —y mejor— formación, mayor calidad asistencial.


Pero seguro que convienen conmigo en que una cosa es que exista una necesidad, y otra, la forma en que se ha de cubrir.


Si uno se instruye en los “deberes” del personal estatutario (artículo 19 de la Ley 55/2003), no encontrará ninguno referido a la colaboración con la organización de actividades docentes. Ninguno. Tampoco encontrará ninguna “obligación docente”. Es más, tras una detenida lectura del informe en liza, no me termino de aclarar si la cuestión va de “deberes”, de “obligaciones” o de “funciones”. Y lo digo porque lo mismo se reproduce el artículo 19 del Estatuto Marco (“deberes”) que se recurre a la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que se tergiversa para sostener que los profesionales sanitarios tienen asignada una triple función: asistencial, docente e investigadora.


Que no estamos ante un deber lo confirma, como digo, el artículo 19 del Estatuto Marco. Pero es que esa pretendida “obligación docente” y ese inédito “deber de colaboración con la propia organización de las actividades docentes” tampoco figuran entre las funciones que el legislador ha atribuido como propias de la Profesión Enfermera, a saber:


<<la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades>> (artículo 7.2.a) de la Ley 44/2003).


Ni rastro de una “función docente”. Tampoco “investigadora”.


¿Dónde está la trampa? ¿Dónde la tergiversación?


En el artículo 4.3 de la Ley 44/2003, mejor dicho, en la lectura que se hace del mismo. El tenor de este artículo es el siguiente: <<Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias>>.


Si ese precepto se interpretara en el sentido de que encomienda a las enfermeras funciones docentes, habría de concluirse también que las obliga a desarrollar, por ejemplo, funciones de gestión clínica, y no es así (el artículo 65 bis del Estatuto Marco regula los servicios de gestión clínica y en él se dice que la situación de servicios de gestión clínica se causa —cómo no— de manera “voluntaria”). Además, cabría preguntarse entonces por el sentido de aquel artículo 7.2.a), ¿no creen? Dos artículos atribuyendo funciones sería absurdo.


Quizás la redacción del artículo 4.3 de la Ley 44/2003 sea mejorable, pero parece claro que no es un precepto atributivo de competencias sino que apunta los escenarios en los que los profesionales sanitarios pueden estar presentes, claro está, de forma voluntaria. De hecho, repárese en el enunciado de ese artículo 4.3, que reza “principios generales”, y en que se refiere a todos los profesionales sanitarios, mientras que el artículo 7 se ocupa, expresamente, de las competencias enfermeras.


Digamos que el artículo 4.3 de la Ley 44/2003 configura las posibles “salidas profesionales” no sólo de las enfermeras sino de todos los profesionales sanitarios, mientras que el artículo 7 concreta las competencias enfermeras.


Si alguna enfermera alberga todavía dudas acerca de si pesa sobre ella una “obligación docente” o un “deber de colaboración con la organización de actividades docentes”, puede echar un vistazo al último párrafo del artículo 11.3 de la Ley 44/2003, que dice lo siguiente:


<<Los centros sanitarios acreditados para desarrollar programas de formación continuada DEBERÁN CONTAR con los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que resulten ADECUADOS en función de las actividades a desarrollar>>.


Montar programas de formación continuada sin contar con el personal adecuado que exige la ley es —debería ser— como el que tiene un tío en Graná. Pero claro, se trata del todopoderoso SES y la cosa cambia. Que la ley dice que se debe contar con personal adecuado, ¡no hay de qué preocuparse! Se redacta un informe y, al día siguiente, ¡¡¡todos los profesionales sanitarios despiertan convertidos en docentes!!! ¡¡¡Y sin compensación alguna!!! Así de sencillo, sin anestesia.


Está claro: tú querías ser Enfermera, pero al SES le pareció poco.


Aviso a navegantes: a la función asistencial el SES no sólo suma la “docente” sino también la “investigadora” con lo que, ¡¡¡ojo, que mañana les (im)ponen a todos vds. a investigar!!!


Lo cierto es que el tema es muy serio porque compromete un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico: LA LIBERTAD. Insisto en que no se trata de negar la acuciante necesidad de una formación continuada adecuada sino de la forma en que se atiende, porque, al menos en este caso, el fin no justifica los medios.




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