lunes, 12 de febrero de 2018

NO HAY CAPRICHO DONDE NECESIDAD: PERMUTAS ENTRE PERSONAL TEMPORAL








El Tribunal Constitucional, en una Sentencia dictada el 18 de diciembre de 2017, ha amparado a dos trabajadoras laborales temporales — interinas —, ambas psicólogas de la Consejería de Trabajo de la Junta de Galicia, y les ha reconocido el derecho a permutar sus puestos de trabajo para poder así conciliar su vida familiar y laboral.



Una desarrollaba sus funciones en el Organismo de Valoración de la Dependencia de la Jefatura Territorial de Lugo, a la que se tenía que desplazar a diario desde su domicilio en la provincia de Orense, y atendía de forma compartida a sus padres; de 91 y 88 años. La otra, por su parte, trabajaba en el Servicio de Menores de la Jefatura Territorial de Orense, al que se desplazaba a diario desde su domicilio en Lugo, y era madre soltera de una niña de 8 años.



Ambas aducían el esfuerzo que suponía el viaje de tres horas que realizaban diariamente en sentido inverso.



Asistan ahora al vía crucis que tuvieron que arrostrar ambas trabajadoras antes de ver estimada definitivamente su pretensión:


(i)      El 22 de octubre de 2013 presentan la solicitud de permuta, que les es desestimada por la Junta de Galicia por carecer de la condición de personal fijo.
(ii)         Recurren a la vía judicial, y el 25 de marzo de 2014 el Juzgado de lo Social dicta Sentencia y les da la razón;
(iii)        Esa Sentencia del Juzgado de lo Social es recurrida por la Administración, y el 14 de octubre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la revoca;
(iv)    Las trabajadoras formulan entonces recurso de casación ante el Tribunal Supremo sin éxito, porque  el 30 de junio de 2016 se les inadmite;
(v)        Terminan recurriendo en amparo al Tribunal Constitucional.



Casi cinco años después de iniciado el periplo, el Tribunal Constitucional resuelve que se vulneró el principio de igualdad (art. 14 CE), grosso modo, porque:



 <<...al haberse utilizado como criterio de diferenciación una circunstancia — la temporalidad del contrato de trabajo — que por sí sola no puede justificar la disparidad de trato si no viene complementada por otros factores por si mismos diferenciadores o justificativos de la razonabilidad de la diferencia, es obligada la estimación del recurso de amparo solicitado por la infracción del derecho a la igualdad (art. 14 CE)>>.



Además, para el Tribunal Constitucional, las situaciones de ambas interinas resultaban perfectamente comparables con las de sus compañeros fijos en cuanto a la naturaleza del trabajo prestado, a los requisitos de formación de quienes lo prestan y a las condiciones laborales.



Censura también nuestro más Alto Tribunal que el Tribunal de Justicia de Galicia prescindiera de <<toda ponderación de la importancia que para la conciliación de la vida familiar y laboral tenía para las actoras su petición de permuta, pues el acercamiento del lugar de trabajo a su domicilio les facilitada la atención de sus concretas responsabilidades familiares>>.



Ahora, fíjense en nuestra flamante y casi recién estrenada Ley de Función Pública, en concreto, en su artículo 129: << La permuta de destino entre personal funcionario de carrera en servicio activo se realizará mediante el procedimiento, en los supuestos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente >>. O el artículo 14 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, que sólo reconoce las permutas de destino << entre el personal laboral fijo >>.




Que tomen nota los gestores de la cosa pública, porque para negar al personal temporal derechos de los que disfruta el personal fijo no basta con aducir la temporalidad del vínculo laboral sino que es necesaria una justificación objetiva y razonable que tenga su origen en datos objetivos relacionados con la prestación de trabajo o el régimen jurídico del contrato.




No hay capricho donde necesidad, y las trabajadoras, armadas de paciencia, seguro que sabían aquello de: << No llueve eternamente >>. Bravo por ellas.





¿FORMACIÓN BAREMABLE SI NO ESTÁ ACREDITADA?








Terreno fértil para el florecimiento de controversias son las normas cuyos textos adolecen de una redacción imprecisa que admite interpretaciones dispares o cuyo espíritu (finalidad) no queda del todo claro. ¡Qué digo florecimiento! Florecimiento y renacimiento, porque cuando parece que una controversia ha quedado zanjada, viene alguien y le da a la tuerca una vuelta más. A ello se suma, en Sanidad, la existencia de un Sistema conformado por una miríada de servicios de salud, cada uno — permítanme la expresión — de su padre y de su madre.



Verán. No hace mucho, el SES se vio obligado a rectificar tras su negativa a valorar los cursos de formación organizados/impartidos por empresas privadas acreditados por la Comisión de Formación Continuada (CFC). Seguro que lo recuerdan. “Asunto zanjado y finiquitado”, diríamos, aún con más razón a la vista del Anexo V, Punto I (“Formación”), apartado C (“Otra formación”) de la convocatoria de 2017, que prevé la valoración de la formación si, efectivamente, cuenta con la acreditación de la CFC — siendo indiferente su promotor —, sin necesidad de que se trate de cursos organizados o impartidos por Universidades, Sindicatos, Administraciones Públicas o Colegios Profesionales.



Pero, claro, habrá aspirantes que digan: “¡¡¡Oiga, que cuando yo hice el curso — que no era de ninguna Universidad, Sindicato, Administración Pública o Colegio Profesional — no existía la CFC!!! ¿Qué pasa entonces con esa formación? ¿No vale?  



Esto es lo que dice el párrafo segundo del artículo 35.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS):


<< A partir de la entrada en vigor de esta ley, sólo podrán ser tomadas en consideración en la carrera de los profesionales sanitarios las actividades de formación continuada que hubieran sido acreditadas. Las actividades de formación continuada de los profesionales sanitarios previas a la entrada en vigor de la ley y que no hubieran sido acreditadas serán objeto de consideración por los comités encargados de valorar los méritos a dichos efectos >>.



Una primera lectura de ese artículo nos lleva a entender que esa formación previa tiene que ser valorada en procesos selectivos. Pero la cosa no parece estar tan clara porque es cierto que el precepto en cuestión alude a la “carrera profesional”, no a procesos selectivos, y algunos (entre ellos, el Servicio gallego de salud) niegan que pueda ser aplicable a estos últimos.



La polémica está servida y la patata caliente la tiene ahora el Tribunal Supremo, al que le va a tocar pronunciarse respecto a si el concepto << carrera >> se aplica, única y exclusivamente, a los efectos de la carrera profesional de quienes ya son personal estatutario por haber superado el correspondiente proceso selectivo






¿Barruntan tormenta?





Publico el enlace al Auto del Tribunal Supremo, de 29 de enero de 2018, que admite un recurso de casación en el que se plantea esta controversia Auto del Tribunal Supremo

viernes, 9 de febrero de 2018

TE DUERMES ENFERMERA Y DESPIERTAS TAMBIÉN DOCENTE







Ha caído en mis manos un informe elaborado por la Responsable de la Asesoría Jurídica de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, de fecha 24 de abril de 2017, sobre <<obligaciones docentes de los profesionales sanitarios>>, en el que consta, como segunda conclusión:


<<Que la función docente no es sólo una obligación de la Administración sanitaria, sino que los propios profesionales tienen el derecho a la formación y el deber de formarse y de colaborar con la propia organización de las actividades docentes que deben llevar a cabo para la formación de todos los profesionales en las distintas etapas de su carrera profesional>>.


Se nos dice que la función docente es una obligación de los profesionales sanitarios, a lo que se suma que sobre ellos también pesa el deber de colaborar con la propia organización de las actividades docentes. No parece haber escapatoria. Si vas por un lado, te topas con la obligación; si vas por el otro, peor aún, te las vas a ver con el deber.






Pero, ¿qué norma impone como obligación la función docente y el deber de colaborar con la propia organización de actividades de tal índole?


Verán. Es innegable —porque así lo establece la ley— que toda la estructura asistencial del Sistema Sanitario está en disposición de ser utilizada para la docencia de los profesionales, como tampoco se puede cuestionar que la formación continuada es un derecho individual del personal estatutario. De hecho, no creo que nadie en su sano juicio ponga en duda la necesidad de la formación continuada en Sanidad, ya no sólo por interés de los propios profesionales sino en aras de los pacientes. A más —y mejor— formación, mayor calidad asistencial.


Pero seguro que convienen conmigo en que una cosa es que exista una necesidad, y otra, la forma en que se ha de cubrir.


Si uno se instruye en los “deberes” del personal estatutario (artículo 19 de la Ley 55/2003), no encontrará ninguno referido a la colaboración con la organización de actividades docentes. Ninguno. Tampoco encontrará ninguna “obligación docente”. Es más, tras una detenida lectura del informe en liza, no me termino de aclarar si la cuestión va de “deberes”, de “obligaciones” o de “funciones”. Y lo digo porque lo mismo se reproduce el artículo 19 del Estatuto Marco (“deberes”) que se recurre a la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que se tergiversa para sostener que los profesionales sanitarios tienen asignada una triple función: asistencial, docente e investigadora.


Que no estamos ante un deber lo confirma, como digo, el artículo 19 del Estatuto Marco. Pero es que esa pretendida “obligación docente” y ese inédito “deber de colaboración con la propia organización de las actividades docentes” tampoco figuran entre las funciones que el legislador ha atribuido como propias de la Profesión Enfermera, a saber:


<<la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades>> (artículo 7.2.a) de la Ley 44/2003).


Ni rastro de una “función docente”. Tampoco “investigadora”.


¿Dónde está la trampa? ¿Dónde la tergiversación?


En el artículo 4.3 de la Ley 44/2003, mejor dicho, en la lectura que se hace del mismo. El tenor de este artículo es el siguiente: <<Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias>>.


Si ese precepto se interpretara en el sentido de que encomienda a las enfermeras funciones docentes, habría de concluirse también que las obliga a desarrollar, por ejemplo, funciones de gestión clínica, y no es así (el artículo 65 bis del Estatuto Marco regula los servicios de gestión clínica y en él se dice que la situación de servicios de gestión clínica se causa —cómo no— de manera “voluntaria”). Además, cabría preguntarse entonces por el sentido de aquel artículo 7.2.a), ¿no creen? Dos artículos atribuyendo funciones sería absurdo.


Quizás la redacción del artículo 4.3 de la Ley 44/2003 sea mejorable, pero parece claro que no es un precepto atributivo de competencias sino que apunta los escenarios en los que los profesionales sanitarios pueden estar presentes, claro está, de forma voluntaria. De hecho, repárese en el enunciado de ese artículo 4.3, que reza “principios generales”, y en que se refiere a todos los profesionales sanitarios, mientras que el artículo 7 se ocupa, expresamente, de las competencias enfermeras.


Digamos que el artículo 4.3 de la Ley 44/2003 configura las posibles “salidas profesionales” no sólo de las enfermeras sino de todos los profesionales sanitarios, mientras que el artículo 7 concreta las competencias enfermeras.


Si alguna enfermera alberga todavía dudas acerca de si pesa sobre ella una “obligación docente” o un “deber de colaboración con la organización de actividades docentes”, puede echar un vistazo al último párrafo del artículo 11.3 de la Ley 44/2003, que dice lo siguiente:


<<Los centros sanitarios acreditados para desarrollar programas de formación continuada DEBERÁN CONTAR con los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que resulten ADECUADOS en función de las actividades a desarrollar>>.


Montar programas de formación continuada sin contar con el personal adecuado que exige la ley es —debería ser— como el que tiene un tío en Graná. Pero claro, se trata del todopoderoso SES y la cosa cambia. Que la ley dice que se debe contar con personal adecuado, ¡no hay de qué preocuparse! Se redacta un informe y, al día siguiente, ¡¡¡todos los profesionales sanitarios despiertan convertidos en docentes!!! ¡¡¡Y sin compensación alguna!!! Así de sencillo, sin anestesia.


Está claro: tú querías ser Enfermera, pero al SES le pareció poco.


Aviso a navegantes: a la función asistencial el SES no sólo suma la “docente” sino también la “investigadora” con lo que, ¡¡¡ojo, que mañana les (im)ponen a todos vds. a investigar!!!


Lo cierto es que el tema es muy serio porque compromete un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico: LA LIBERTAD. Insisto en que no se trata de negar la acuciante necesidad de una formación continuada adecuada sino de la forma en que se atiende, porque, al menos en este caso, el fin no justifica los medios.