jueves, 28 de abril de 2016

PERSONAL TEMPORAL DEL SES Y EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR CUIDADO DE FAMILIARES


NOTA INFORMATIVA DE AEPYDES

El pasado diez de abril de este año dos mil dieciséis entró en vigor la Ley 13/2015, de ocho de abril, de Función Pública de Extremadura. De este nuevo texto interesa destacar, ahora, el contenido de su artículo 141, que se ocupa de la “excedencia voluntaria para el cuidado de familiares[1] (véase el texto completo de este artículo en la nota al pie) y, más en concreto, su punto 5, en el que se reconoce expresamente que esa situación va a poder ser causada por personal funcionario interino.

El contenido de ese artículo 141.5 es el siguiente:

"La situación de excedencia por el cuidado de familiares conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo del que sea titular, teniendo derecho durante todo el tiempo de permanencia al cómputo del periodo a efectos de trienios, carrera profesional y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación, así como a efectos de acreditar el periodo de desempeño para acceder a otros puestos de trabajo.
El personal funcionario interino podrá disfrutar de esta excedencia, si bien la reserva del puesto de trabajo se mantendrá únicamente mientras no concurra ninguna de las causas de cese previstas para este personal en la presente ley.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoquen la Administraciones Públicas."


A la vista de lo anterior, pueden plantearse, a nuestro entender, dos dudas:

1. ¿Se aplica esa Ley al personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud (SES)?
2. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, ¿sólo sería aplicable al personal estatutario interino del SES y no así a su personal eventual o sustituto?

La primera cuestión ha de ser respondida en sentido afirmativo tanto por lo que dice la propia Ley 13/2015 como por las previsiones de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.

Así, ya en la Exposición de Motivos de la Ley 13/2015, el legislador autonómico extremeño, al referirse a su  ámbito de aplicación, afirma que la misma posee una “VOCACIÓN EXPANSIVA(sic). “Vocación expansiva” que se ve reflejada en su artículo 3 -que regula el ámbito de aplicación de la norma-, en cuyo apartado 3 se incluye expresamente al personal estatutario, resultando, por ende, que el contenido de esta Ley 13/2015 le será de aplicación supletoria al mismo (“en aquellas materias no reguladas por su normativa específica”), a excepción de los preceptos relativos a las retribuciones complementarias, la movilidad interadministrativa y la promoción profesional.

Para quien albergue algún atisbo de duda sobre la aplicabilidad de la Ley 13/2015 al personal estatutario del SES, recordamos el contenido del artículo 2.2 de la Ley 55/2003:

En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV, serán aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente”.

Despejada la primera duda, la respuesta al segundo interrogante (¿sólo sería aplicable esa Ley 13/2015 al personal estatutario interino del SES y no a su personal eventual o sustituto?) ha de ser negativa. Así se desprende de la lectura de los artículos 15 y 16 de ese mismo texto legal, donde se define el concepto de “personal funcionario interino” y se concretan los supuestos que justifican el recurso a tal nombramiento[2] (véase nota al pie). Pues bien, esos supuestos que justifican el nombramiento de personal funcionario interino vienen a coincidir con los tres tipos de vinculaciones de carácter temporal que, según el artículo 9 de la Ley 55/2003, pueden formalizarse con un Servicio de Salud, a saber: interinidad, eventualidad y sustitución. Por tanto, la interinidad de la Ley 13/2015 equivale a la interinidad, a la eventualidad y a la sustitución de la Ley 55/2003.

En consecuencia, a quien suscriba un nombramiento como personal temporal en el SES (ya sea como interino, eventual o sustituto) se le debería reconocer la posibilidad de causar excedencia voluntaria por cuidado de familiar en los términos previstos en el artículo 141 de la Ley 13/2015, sin perder, gracias a ello, méritos por experiencia profesional ni cotizaciones a la Seguridad Social hasta tanto sea acordado su cese por los motivos legalmente previstos.
                                                                                

LA JUNTA DIRECTIVA





[1] Texto completo del artículo 141 Ley 13/2015:
1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a una excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde el nacimiento o de la resolución judicial o administrativa de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
2. Los funcionarios públicos tendrán derecho a una excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
3. El periodo de excedencia será único para cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que viniera disfrutándose.
4. En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
5. La situación de excedencia por el cuidado de familiares conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo del que sea titular, teniendo derecho durante todo el tiempo de permanencia al cómputo del periodo a efectos de trienios, carrera profesional y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación, así como a efectos de acreditar el periodo de desempeño para acceder a otros puestos de trabajo. El personal funcionario interino podrá disfrutar de esta excedencia, si bien la reserva del puesto de trabajo se mantendrá únicamente mientras no concurra ninguna de las causas de cese previstas para este personal en la presente ley.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoquen la Administraciones Públicas.
[2] El artículo 16.1 de la Ley 13/2015 dice que el nombramiento de personal funcionario interino solo puede producirse por alguna de las circunstancias siguientes
a) La existencia de puestos de trabajo no singularizados vacantes y dotados presupuestariamente cuya forma de provisión sea el concurso, cuando no sea posible su cobertura por el personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria del personal funcionario titular de un puesto. Asimismo podrá nombrarse personal funcionario interino para sustituir la jornada no realizada por el personal funcionario de carrera en los casos de reducción de jornada o disfrute a tiempo parcial de permisos.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, y que respondan a necesidades no permanentes de la Administración.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan esas causas. En caso de que el nombramiento se hubiera realizado por una duración inferior a la máxima, puede prorrogarse, por una única vez, sin que la duración total pueda exceder de dicha duración máxima.

martes, 26 de abril de 2016

DE SUBSANACIONES DE MÉRITOS: ESA PERTINAZ CONTUMACIA DEL SES

Antes se decía mucho eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tal vez cayera en desuso esa frase porque dos tropezones eran pocos o, quizás, porque, en muchos casos, más que de imprudentes tropiezos habría que hablar de pertinaz contumacia...



¿Por qué empiezo así esta entrada? Sencillo. Porque en una sentencia muy reciente (de diez de marzo de dos mil dieciséis), el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por enésima vez, vuelve a recordarle al SES que, a la hora de hacer valer méritos en un proceso selectivo (en este caso, el convocado en junio de 2011 para Auxiliares de Enfermería para accesos a plazas), si un aspirante aporta una documentación distinta a la exigida en las bases de la convocatoria, el tribunal de selección, en virtud del principio de subsanación y de proporcionalidad, está obligado a solicitarle aclaración y concederle un plazo para presentar la documentación preceptiva. En caso de que el tribunal de selección no cumpla con esa obligación, el mérito en cuestión debe ser computado.

El Tribunal extremeño apoya su fallo en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, desde luego, se muestra más garantista con el derecho fundamental del art. 23.2 de la Constitución Española.

Interesa destacar los siguientes pasajes de este nuevo pronunciamiento:

Es cierto que sobre todos los participantes en el proceso selectivo recaía la carga de aportar la documentación acreditativa de sus méritos en los términos exigidos por las bases pero también lo es que la interpretación y aplicación de tales bases debe hacerse siempre en el sentido más favorable a la mayor efectividad del artículo 23.2 CE y, en consecuencia, deberá ser rechazada cualquier aplicación de las mismas que conduzca a un resultado que no sea compatible con el derecho reconocido en el precepto constitucional que acaba de mencionarse.

“…esta Sala y Sección se ha mostrado favorable a la posibilidad de que los méritos defectuosamente acreditados en los procesos selectivos puedan ser subsanados, al estimar excesivo y, por tanto, no acorde con el principio de proporcionalidad, privar de la valoración de un mérito en los casos en que los aspirantes hubieran acreditado en tiempo los aspectos sustantivos del mismo, aunque no hubieran satisfecho alguno de los meramente formales…”.

Me pregunto si estaremos ante la última sentencia que condena al SES por no respetar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y lesionar, con ello, el derecho fundamental consagrado en el art. 23.2 de la Constitución Española…

Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, porque lo que es la paciencia debe de estar sobradamente agotada.


Enlace a Sentencia:

viernes, 22 de abril de 2016

AEPYDES, CON LOS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SES

Mediante el presente escrito AEPYDES reclama al Servicio Extremeño de Salud (en adelante, SES) que, de forma inmediata, culmine el proceso de constitución de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría de AUXILIAR DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ante la inadmisible falta de resolución de la convocatoria de 29 de enero de 2010.

Porque son ya MÁS DE SEIS AÑOS, así es, más de seis años los que lleva consumidos el SES para valorar los méritos aportados por quienes participaron en aquella convocatoria de 2010 y confiaron en la constitución de una Bolsa de Trabajo conforme a los criterios de valoración previstos en el Pacto suscrito el 3 de mayo de 2007.

Porque son también más de seis los años que ese Servicio de Salud lleva recurriendo a una “LISTA DE ESPERA TRANSITORIA”, cuyo ámbito temporal se iba a circunscribir

al tiempo estrictamente indispensable para baremar a los aspirantes que figuren en las Bolsas de Trabajo por el procedimiento establecido en la cláusula quinta, apartado 3, del Pacto de 3 de mayo…”.

Seguro convendrán con esta Asociación que lo que es “transitorio” o se aprueba por un “tiempo estrictamente indispensable” no puede ni debe ser prolongado en el tiempo. Mucho menos seis años (de momento) por culpa de la inacción de la Administración.

Tampoco puede decirse que la creación de esa lista de espera transitoria esté exenta de controversia. Porque su constitución se produjo en virtud de una Resolución de 8 de abril de 2010 de la Secretaría General del SES (DOE del 14 de abril), al amparo de un Pacto suscrito, según parece, el 6 de abril de 2010 pero cuya publicación en el DOE -aquí lo viene lo inquietante- tuvo lugar más de tres meses después, el 27 de julio de 2010.

Ciertamente, causa, cuando menos, extrañeza a esta Asociación que un Servicio de Salud proceda a crear una lista de espera -el 8 de abril de 2010-, por muy transitoria que se diga que es (los hechos atestiguan lo contrario), cuando antes no ha sido publicada la norma que debe servirle de cobertura -el 27 de julio de 2010-.

Siendo de enorme gravedad lo anterior, peor aún resulta el hecho de que la composición y ordenación de esa lista de espera transitoria respondan a unos criterios que en modo alguno se acomodan a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. Porque, a título ilustrativo, ni siquiera de manera forzada se puede considerar mérito valorable el hecho de concurrir a unas pruebas selectivas y, sin embargo, así se hace.

Nos encontramos, por tanto, con que el SES, para suscribir nombramientos temporales en la categoría de Auxiliar de la Función Administrativa, lleva recurriendo a una lista de espera que fue creada incurriendo en vía de hecho, sin respetar el Pacto de 3 de mayo de 2007 y que lleva en vigor seis años cuando iba a ser transitoria dado su apartamiento de los criterios de selección fijados en aquel Pacto de 2007 y de los propios principios constitucionales de acceso a la función pública.

Quienes concurrieron a aquella convocatoria de febrero de 2010 e hicieron valer méritos conforme al Pacto que estaba vigente en ese momento no tenían obligación de soportar un retraso que va camino de los siete años. Nos preguntamos dónde queda el principio de confianza legítima, dónde la eficacia administrativa, dónde las expectativas de esos aspirantes, dónde los principios de mérito y capacidad.

Este escrito, que también será remitido al Defensor del Pueblo, se presentará en la Dirección-Gerencia del SES como reclamación administrativa previa a la vía judicial puesto que AEPYDES no dudará en impetrar el amparo de los tribunales de justicia en caso de que el SES siga incurriendo en una inactividad que nuestro ordenamiento jurídico censura y condena.


LA JUNTA DIRECTIVA




jueves, 21 de abril de 2016

COMUNICADO AEPYDES SOBRE REAL DECRETO "PRESCRIPCIÓN ENFERMERA": INFORMES RELEVANTES

Desde esta Asociación exigimos que, de forma inmediata, se proceda a la derogación del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, conocido comúnmente como “de prescripción enfermera” y, por elevación, del artículo 79 de la Ley del Medicamento, ya no sólo -aunque sí fundamentalmente- porque su contenido constituye una frontal agresión a la dignidad de la Profesión Sanitaria Enfermera, a la que condena a la pena de “INVOLUCIÓN PROFESIONAL”, sino porque, como se verá, ni la Abogacía del Estado (que ahora defiende la legalidad de esa norma), ni la Dirección de Ordenación Profesional del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ni tampoco la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se mostraron partidarias de que a los enfermeros se les exija una acreditación para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica o de productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional.

AEPYDES ha tenido acceso a los informes emitidos en su día por tan importantes organismos (Abogacía del Estado, Dirección de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y ha podido comprobar la ilógica e incoherente decisión del Gobierno de aprobar una norma teniendo en contra el criterio, entre otros, de quien debía asumir la defensa de su legalidad. Porque, efectivamente, sucede que la Abogacía del Estado está defendiendo ahora en distintos procedimientos judiciales la legalidad de algo que antes reputaba ilógico.

INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO, EMITIDO EL 28 DE FEBRERO DE 2013

En este informe, el Abogado del Estado-Jefe dice lo siguiente:

“Por esta razón, cualquier profesional de la enfermería, tanto del Sistema Sanitario Público como del privado, estaría capacitado por su formación académica primaria para realizar la orden de dispensación de productos sanitarios y de medicamentos no sujetos a prescripción médica”.

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2014

En este informe, el Director General de Ordenación Profesional dice que:

“La acreditación individual de enfermeros por el Ministerio de Sanidad SSI para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos solo es necesaria en el caso de los medicamentos sujetos a prescripción médica”.

“Es esta una posición que se considera acertada ya que las citadas competencias  se refieren a medicamentos que al no estar sometidos a prescripción médica pueden ser adquiridos por todos los ciudadanos en cualquier oficina de farmacia por lo que no sería lógico que al enfermero se le requiriera una acreditación específica para el ejercicio de dichas competencias cuando su formación universitaria garantiza con creces su adecuado ejercicio”.

INFORME DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, DE 29 DE ENERO DE 2014

En relación con los productos sanitarios relacionados con el ejercicio profesional enfermero, la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios afirma tajantemente en su informe que:

Teniendo en cuenta lo indicado, los enfermeros están habilitados para utilizar de forma autónoma los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, en los que han obtenido una cualificación en virtud de su formación general o especializada, y en los que poseen un adiestramiento en su uso en virtud de su formación práctica, cursos especializados o experiencia profesional. No parece, por tanto, necesario que tengan que superar un proceso adicional de acreditación para el uso de estos productos.

“De la misma manera, los enfermeros indican y autorizan la dispensación de los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional en los hospitales, si bien, dado que, normalmente los productos no se suministran a través de los servicios de farmacia, sino a través de los servicios generales de suministros, no suele utilizarse una orden de dispensación (concepto que se usa en los servicios farmacéuticos), sino una petición directa a estos servicios generales de suministros. Tampoco parece, por tanto, necesario que los enfermeros tengan que superar un proceso adicional de acreditación para la indicación y autorización de dispensación de estos productos.


No hay Sanidad sostenible cuando los políticos y los gestores no respetan, por, incredulidad y/o desconfianza, a sus profesionales.


LA JUNTA DIRECTIVA DE AEPYDES

lunes, 18 de abril de 2016

BASES DE PROCESOS SELECTIVOS PÚBLICOS: NERÓN TOCANDO LA LIRA...


Cuántas veces nos habrán y habremos recordado, con ocasión de la resolución de procesos selectivos públicos, aquello de “si no has impugnado las bases de la convocatoria ya no puedes hacer nada”. Sempiterno adagio bautizado jurídicamente como “doctrina del acto consentido”, que, efectivamente, en el terreno práctico, se ha venido materializando en la imposibilidad de atacar el resultado de un proceso selectivo si el mismo respondía al contenido de unas bases que, en su momento, no fueron impugnadas, por muy manifiesta que pudiera ser su ilegalidad. 

Sucede, sin embargo, que esa cómoda posición que a las Administraciones Públicas ha brindado la aplicación de la doctrina del acto consentido en procesos selectivos, cual Nerón tocando la lira mientras Roma arde, viene siendo acertadamente rectificada.

Así es. En una reciente sentencia (de siete de marzo de dos mil dieciséis), el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, realiza una muy interesante exégesis jurisprudencial sobre la espinosa y controvertida posibilidad de discutir el contenido de las bases de un proceso selectivo con ocasión de actos posteriores (por ej: resolución que le pone fin) cuando no se ha formulado previamente recurso contra las mismas.

Tras admitir que tal cuestión es jurídicamente compleja, con posicionamientos jurisprudenciales diferentes, el tribunal castellano manchego se muestra partidario de esa posibilidad, apoyándose para ello en pronunciamientos del Tribunal Constitucional (Sentencias núm. 107/2003, 13/08, 68, 69/2009, etc) y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Veamos algunos pasajes de esos pronunciamientos:

En su Sentencia núm. 107/2003, el Tribunal Constitucional indica que:

"En todo caso, conviene asimismo precisar que, conforme a nuestra doctrina (SSTC 193/1987, de 9 de diciembre, F. 2 , y 93/1995, de 19 de junio , F. 4, por todas, y ATC 12/1998, de 15 de enero , F. 4), el hecho de que la demandante no recurriera en su día contra la Orden por la que se publicaron las bases de la convocatoria no es obstáculo para plantear ahora, ante este Tribunal, un recurso de amparo por lesión de sus derechos fundamentales contra los actos de aplicación de dichas bases por la razón de que aquéllas se consideran inconstitucionales, puesto que la presunta vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y empleos públicos ( art. 23.2 CE ) invocado por la demandante se habría producido, en su caso, de forma concreta y real, en el momento en que el nombramiento para ocupar las plazas controvertidas ha recaído en personas distintas a la recurrente en amparo, esto es, al dictarse la Resolución de 24 de septiembre de 1999 de la Secretaría de Estado para la Administración pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del cuerpo auxiliar de la Administración de la Seguridad Social mediante el proceso de consolidación de empleo de carácter temporal, que es el acto administrativo contra el que se dirigió el recurso Contencioso-Administrativo desestimado por la Sentencia que ahora se recurre en amparo. Por tanto, estas vulneraciones que tienen su origen en las bases de la convocatoria, pero se consuman en la resolución que pone fin al proceso selectivo, junto con la acaecida en el desarrollo del proceso selectivo, en referencia a la decisión del Tribunal coordinador de rebajar la puntuación exigible para aprobar el primer ejercicio de la oposición, deben ser examinadas desde la perspectiva del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y empleos públicos que garantiza el art. 23.2 CE ".


En Sentencias de 25 de febrero y 2 de marzo de 2009, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dice lo siguiente:

“…el principio de que las bases son la ley del concurso, ha de entenderse, (como ocurre igualmente en los contratos, que constituyen la base de la relación contractual), en la medida en que sean conformes con el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el consentimiento de las bases no puede convertirse en un obstáculo impeditivo "a priori" de la fiscalización de los actos administrativos. Al margen de la técnica admitida por esta Sala de los supuestos de la nulidad de pleno derecho, que al permitir la impugnación en cualquier momento, impediría la producción del consentimiento del acto, pues siempre podría reaccionarse contra el mismo en tiempo y forma o, como también se ha admitido por la jurisprudencia, distinguiendo entre un primer momento, en que pueden impugnarse las bases, y otro, en que puede impugnarse la aplicación de éstas en el acto resolutorio del proceso selectivo, cuando aquella es decisiva del resultado lesivo para el interesado, pues en efecto, la impugnación de bases conlleva generalmente un resultado dañoso para el propio impugnante, al poder paralizar el proceso selectivo, siendo así que, a pesar de que quien participa en el mismo pueda dudar de la legalidad de alguna de ellas, hasta que se produzca efectivamente su aplicación y ésta sea decisiva, puede no interesarle su impugnación".

“…En consecuencia, aunque se admite que las Bases de un proceso selectivo no son un reglamento y en consecuencia no son susceptibles de ser impugnadas indirectamente, si que forman parte del proceso selectivo que culmina con la resolución de este, y aunque no puedan ser impugnadas en la medida en que sean legales, tampoco la falta de impugnación de este acto sana o puede ser un impedimento para la impugnación del acto resolutorio del proceso selectivo, que sólo lo será en la medida en que fueran las bases conformes con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, siendo esta la única razón de la sentencia, hay que admitir con la misma que, efectivamente se produce por ella la conculcación de los preceptos que ahora cita la recurrente en su recurso, al admitir a los funcionarios al proceso selectivo".


En Sentencia de 11 octubre 2010, el Tribunal Supremo reitera la idea de la debilidad de las bases, aún no impugnadas, cuando está en juego el derecho fundamental a la igualdad, y en la Sentencia de 17 enero 2011 realiza un recordatorio de enorme importancia:

"La conclusión de que la consintió al no impugnar aquella corrección es difícil de evitar a la vista del expediente. En este punto, es preciso tener presente la jurisprudencia de la Sala sobre la cuestión y aunque en ella se ha admitido en ocasiones la impugnación, a través de los actos de aplicación, de las bases no recurridas en su momento, esa posibilidad se ha aceptado solamente a título de excepción en aquellos casos en que era evidente la nulidad de alguno de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia [sentencias107/2003 del Tribunal Constitucional y entre las de esta Sala las de 25 de febrero de 2009 (casación 9260/2004), entre otras]. Fuera de tal hipótesis, la regla es la contraria, como apuntan las sentencias aducidas por los recurrentes, especialmente la de 3 de marzo de 2005 (recurso 260/2004)”.


En Sentencia de de 16 enero 2012, el Tribunal Supremo dice que: 

“…No es una novedad pues el Tribunal Constitucional ( SSTC 193/1987, 93/1995, 107/2003, 87/2008) ha dicho que no es "obstáculo para plantear un recurso de amparo contra los actos de aplicación de las bases de procedimientos selectivos el no haber impugnado éstas por la razón de que aquéllas se consideran inconstitucionales, puesto que la presunta vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y empleos públicos (art. 23.2 CE) se habría producido, de forma concreta y real, en el momento en que el nombramiento para ocupar las plazas controvertidas ha recaído en personas distintas a la del recurrente en amparo". Doctrina ésta, dice la última sentencia de las citadas, que "exime de la carga de impugnar las bases en casos determinados" aunque "en absoluto exonera de la de recurrir la resolución final".


 En su sentencia de 25 abril 2012, el Tribunal Supremo declara lo siguiente: 

"Por otro lado, ninguna de las otras infracciones alegadas merece ser acogida. En primer lugar, porque esta Sala viene admitiendo que, en ocasiones, a través de los actos de aplicación, se pueda enjuiciar la posible nulidad de unas bases no impugnadas en su momento en los casos en que resulte evidente la nulidad de alguno de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia. (…) En el caso de la vulneración de los derechos fundamentales, nos encontraríamos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho de los previstos en el artículo 62.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en consecuencia podría ser impugnado, en cualquier momento, a tenor de lo que sostiene el artículo 102 de dicha norma, por lo que en ningún caso podría hablarse de consentimiento y firmeza de las bases, por no haber sido recurridas en tiempo y forma”.

En Sentencia de 4 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo se pronuncia en términos similares a los anteriormente expuestos.


Por tanto, ha de quedar claro que se puede enjuiciar la nulidad de las bases de un proceso selectivo aunque no hayan sido impugnadas en su momento cuando  resulte evidente la nulidad de alguno de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia, eso sí, impugnando la resolución del proceso selectivo de que se trate.


lunes, 11 de abril de 2016

BOLSAS DE TRABAJO: MÉRITOS COMUNES EN TODOS LOS SERVICIOS DE SALUD

Seguro que muchos recuerdan una conocida canción de salsa inspirada en la igualmente célebre “Mack the knife”, que decía aquello de “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. ¡¡Y vaya si se sorprendió -para mal- el tal Pedro Navaja de Rubén Blades!!

Pues sí, de sorpresas va esta entrada, efectivamente. ¡¡¡Y qué sorpresas!!!

A veces, entre tanta norma o proyecto de norma, a uno le lleva su tiempo colocar la lupa en los textos que más les interesan. Es lo que me ha sucedido, y pido disculpas por ello, con un Proyecto de Real Decreto cuya lectura -obligada, créanme- satisfará y disgustará -espero que más lo primero que lo segundo- a quienes forman o quieren formar parte de las Bolsas de Trabajo del SES (enlace a proyecto),

Acumulando un retraso que va camino de los 13 años, este Proyecto de Real Decreto permite vislumbrar el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 31.4 de la Ley 55/2003, que obligaba, allá por diciembre de 2003, a fijar CRITERIOS COMUNES para todos los Servicios de Salud a la hora de valorar méritos en la constitución de sus Bolsas de Trabajoa fin de garantizar el PRINCIPIO DE IGUALDAD.

Sí, han leído bien: criterios comunes para todas las Bolsas de Trabajo de los Servicios de Salud…Trece años esperando…

Antes de adelantar los aspectos más relevantes que avanza este Proyecto (y que espero se vean reflejados en la norma definitiva), no puedo dejar de llamar la atención sobre un dato que considero muy importante, y que revela hasta qué punto se juega con el futuro de muchos profesionales: los Servicios de Salud (incluido el SES) tienen perfecto conocimiento de este Proyecto, lo que me produce un alto grado de hastío e indignación. Enseguida comprenderán por qué, y estoy convencido de que compartirán conmigo ese sentimiento.

Verán cómo les suena esto:

En el artículo 4.2, letra c), del Proyecto se ordena la valoración como mérito de la experiencia profesional adquirida no sólo en lo público sino también en centros privados y privados concertados.
En el artículo 5.2. se totalizan los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada (sin diferenciar el motivo a que responde esa reducción).
El artículo 6.1, letra a), computa a efectos de servicios prestados (entre otros supuestos) el tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de hijos menores de 3 años o para atender a un familiar hasta el segundo grado, durante un máximo de 3 años.
El artículo 8 se habla de la formación reglada, reconociéndose como mérito la especializada.
En el artículo 11 se valoran las actividades de formación continuada acreditadas y no acreditadas.
En los artículos 14 y siguientes se habla de actividades científicas, docentes y de investigación.

Como pueden comprobar, el Proyecto recoge, punto por punto, todas y cada una de las pretensiones contenidas en los modelos de reclamación que @humanizasanidad hizo circular por las redes sociales. Pretensiones a las que el SES, de forma absolutamente inexplicable, se sigue oponiendo.

Espero y confío en que los tribunales de justicia -si no antes el SES- actúen en coherencia con la línea definida por el Proyecto, y accedan a las pretensiones deducidas por el Colegio de Enfermeros de Badajoz en fechas recientes, previamente formuladas por centenares de aspirantes.

De este Proyecto también me interesa destacar su Disposición adicional tercera, que se ocupa del valor de la superación de todo o parte de un proceso selectivo. La transcribo íntegramente:

“En estos procedimientos podrán establecerse dos opciones para ordenar a los aspirantes, en función de si la superación de todo o parte del proceso selectivo en la misma categoría y/o especialidad, del que trae causa el proceso de selección, se considera un mérito o una condición de prioridad.
Si se considera un mérito, la puntuación resultante de la aplicación del baremo, se incrementara en un 25%.
Si se considera una condición de prioridad, los candidatos que superaron el proceso selectivo y no obtuvieron plaza tendrán prioridad sobre el resto de aspirantes, que serán ordenados según la puntuación obtenida en el proceso selectivo
Las relaciones de aspirantes así constituidas tendrán una vigencia de tres años, a contar desde la resolución del proceso selectivo.
Podrá acordarse en el ámbito de negociación correspondiente que se mantenga la vigencia de las relaciones de aspirantes hasta que se convoque un nuevo proceso selectivo, o hasta que se renueven las relaciones de aspirantes de cada proceso selectivo de personal temporal. En estos supuestos el ámbito de negociación correspondiente deberá determinar cómo se incorporan los profesionales que no hayan participado en el proceso selectivo.
En los procesos de selección de personal temporal podrá negociarse, en los ámbitos correspondientes, que no se limite el valor relativo del apartado experiencia profesional. En caso de no existir este acuerdo, los apartados del baremo tendrán idéntico valor al previsto para los procedimientos de selección derivados de ofertas de empleo público.”


“Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar…”


AEPYDES