miércoles, 30 de marzo de 2016

SI FORMAS O PREPARAS, NO EXAMINES. DE TRIBUNALES CALIFICADORES Y AMISTADES

La Sentencia del Tribunal Supremo -dictada el 23 de febrero de 2016- a la que me voy a referir en esta entrada trasciende el caso concreto que resuelve ya que alumbra una importantísima advertencia para quienes forman parte de Tribunales de pruebas selectivas públicas y, por extensión, a las Administraciones convocantes de tales procesos pues, junto con los aspirantes, van a ser las que, a la postre, tengan que pechar con las lamentables y enormemente gravosas consecuencias de las irregularidades cometidas por aquéllos (inmunes e impunes a los ojos de cualquier espectador). Consecuencias que, como se verá, se tradujeron en el caso analizado en la anulación del segundo ejercicio de una fase de oposición y en el nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador después de transcurridos ocho años desde que fuera publicada la convocatoria de las pruebas.

Sirve también esta Sentencia como ilustrativo ejemplo del distinto rasero con que el Tribunal Supremo mide las actuaciones de los miembros de los tribunales selectivos, mostrándose mucho más garantista y menos clemente que algunos tribunales de justicia. Y es que, con acierto, nos recuerda el Tribunal Supremo que la debida observancia del principio constitucional de acceso a la función pública impone vigilar con un especial rigor las singulares circunstancias concurrentes en cada procedimiento selectivo y excluir todas aquellas que puedan colocar en situación de ventaja a unos aspirantes frente a otros, ya que dicha situación comporta una injustificada discriminación contraria al principio de igualdad reconocido en los artículos 14 y 23.2 CE.

Vayamos a los hechos:

- Proceso selectivo público que convoca una Consejería de Sanidad en diciembre de 2008 y que consta de dos ejercicios: el primero, un cuestionario de preguntas; el segundo, resolución de dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro propuestos por el tribunal de las pruebas.

- Dos de los miembros del Tribunal de las pruebas (Presidente y Vocal), antes de conocer que iban a ser designados para desempeñar tales cargos, envían por correo electrónico a determinados aspirantes modelos de casos prácticos que, a la postre, resultan ser coincidentes con los que, dos años después, se plantean en la fase de oposición de ese mismo proceso de selección.

- Conocedores de esos hechos, dos aspirantes que habían superado el primer ejercicio pero no el segundo proceden a interponer demanda en vía judicial denunciando  desviación de poder”.


SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA


El Tribunal Superior de Justicia, aun admitiendo la realidad de los correos electrónicos enviados por el Presidente y un Vocal del Tribunal Calificador, niega trascendencia a los mismos con los siguientes argumentos:

"En cuanto a la segunda prueba del proceso selectivo consistente en la resolución de dos supuestos prácticos a elegir entre los cuatro propuestos por el Tribunal, los recurrentes alegan la dificultad de los supuestos nº 1 (nocardiasis) y 4 (linfoma intravascular) y señalan que pese a la dificultad de los mismos algunos opositores los eligieron de entre los cuatro propuestas por el Tribunal y obtuvieron muy altas calificaciones, siendo enviados dichos casos en febrero de 2009 por correo electrónico por el Presidente del Tribunal a los Médicos que prestaban servicios en el Hospital Valle del Nalón, en el cual era Jefe de Servicio en dicha fecha.

Ahora bien consta en el expediente administrativo. Acta 13ª que cada miembro del Tribunal Calificador aportó dos supuestos prácticos lo que hizo un total de 14 casos, para ser sorteados el mismo día del examen. …Sin que por otra parte el envío de correos electrónicos del Jefe del Servicio del Hospital Valle del Nalón al personal a su servicio, dos años antes al proceso selectivo, y sin conocer entonces su pertenencia a un tribunal de oposición, pueda suponer la existencia de ninguna filtración siendo práctica habitual tal proceder en la realización de tareas de formación continuada, enviando material de estudio y casos clínicos. (el subrayado es nuestro)

Por último y en relación a lo invocada desviación de poder señalar que la parte recurrente no ha demostrado la existencia de desviación de poder, por no existir la constatación de la concurrencia de una causa ilícita, reflejada en la disfunción manifiesta entre el fin objetivo que emana de la naturaleza del acto recurrido y de su integración en el ordenamiento jurídico y el fin subjetivo propuesto por el órgano decisorio, pues para ser apreciado era necesario que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde la prueba cumplidamente, no se funda en meras opiniones subjetivas ni suspicacias interpretativas, ni tampoco en base en una oculta intención que lo determine, lo que no ha sucedido en este caso, pues el Tribunal Calificador, en el ejercicio de su discrecionalidad técnica no se apartó de los fines para los que la han sido conferidas las potestades enjuiciadoras del concurso oposición, con estricta sujeción a los principios de mérito y capacidad, mediante una adecuada valoración, razones todas ellas que llevan a la desestimación del recurso interpuesto”.



SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO




Disconformes con lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, los aspirantes recurren al Tribunal Supremo, el cual anula la Sentencia dictada por el primero y no sólo deja sin efecto las actuaciones del procedimiento selectivo en cuestión a partir de la segunda prueba de la fase de oposición (casos prácticos), cuya repetición ordena, sino que condena a la Administración a que, previamente, proceda a nombrar un nuevo Tribunal Calificador.

Para tomar esa decisión, el Tribunal Supremo se basa en lo siguiente:

1.- Como ya vimos, en que la debida observancia del principio constitucional de acceso a la función pública impone vigilar con un especial rigor las singulares circunstancias concurrentes en cada procedimiento selectivo y excluir todas aquellas que puedan colocar en situación de ventaja a unos aspirantes frente a otros, ya que dicha situación comporta una injustificada discriminación contraria al principio de igualdad reconocido en los artículos 14 y 23.2 CE .

2.  En que la comunicación por parte del Presidente del Tribunal a varios aspirantes de unos casos prácticos que finalmente fueron propuestos en el segundo ejercicio de la fase de oposición es obvio que colocó a estos en una situación de mayor facilidad y ventaja para la superación del proceso selectivo.


3. En que no eran convincentes los argumentos que ofrecía la sentencia recurrida para negar eficacia invalidante al anterior hecho porque la apreciación de la  concurrencia o no de la causa de abstención referida a la amistad ha de hacerse casuísticamente y, tratándose de un proceso selectivo, dependerá de la incidencia o influencia que el trato derivado de esa amistad pueda haber tenido en dicho proceso selectivo.

Y aquí viene el nudo gordiano de la decisión del Tribunal Supremo, para el cual:

“Esa influencia es clara cuando, como en el actual caso ha acontecido, la persona que forma parte del Tribunal Calificador, como Presidente o Vocal, ha intervenido en el proceso de formación o preparación de determinados aspirantes facilitando para ello casos prácticos e instruyendo sobre la forma de abordarlos y resolverlos y, posteriormente, propone esos mismos casos en el ejercicio del proceso selectivo en cuestión”.


Sigue diciendo el Tribunal Supremo que, frente a lo que razona la sentencia recurrida, resultan indiferentes estos hechos:

- El tiempo transcurrido desde que se comunicaron los casos prácticos (dilación que fue debida, como resulta de lo expuesto en el primer fundamento, de la impugnación que se planteó contra la convocatoria);

- Que en la fecha en que se comunicaron los casos todavía no conociera la persona que los envió su designación como miembro del Tribunal Calificador;

- Y que no fuera decisiva para la calificación final determinados aspirantes la puntuación que individualmente haya otorgada la persona o personas próximas a ellos que formen parte del Tribunal Calificador.

En opinión del Tribunal Supremo:

“…lo verdaderamente relevante es la intervención que esta última persona haya tenido en el proceso selectivo decidiendo cuál ha de ser el contenido del ejercicio de casos prácticos, y hacer esto último con el conocimiento de cuáles son los casos sobre los que determinados aspirantes habían sido especialmente instruidos o informados”.


La advertencia del Tribunal Supremo es contundente sobre los miembros de los Tribunales calificadores de pruebas selectivas públicas: el que haya intervenido en el proceso de formación o preparación de determinados aspirantes facilitando para ello casos prácticos e instruyendo sobre la forma de abordarlos y resolverlos y, posteriormente, proponga esos mismos casos en el ejercicio del proceso selectivo en cuestión debe abstenerse en la corrección de las pruebas.


Ojalá tomen nota todos los juzgados y tribunales de justicia.

lunes, 28 de marzo de 2016

COMUNICADO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO ENFERMERAS EN EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

En el día de hoy, 28 de marzo de 2016, han sido publicadas las distintas Bolsas de Trabajo en la categoría Enfermera y para unidades de especiales características, derivadas de la convocatoria realizada por  Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Se trata de unas Bolsas de Trabajo a las que, por fin, les va a resultar de aplicación el ya añejo Pacto suscrito entre el SES y las Organizaciones Sindicales CSI-F, SATSE, SIMEX y USAE allá por el mes de febrero del año 2013 (DOE del 6 de marzo de 2013), es decir, hace más de tres años.

Efectivamente, han transcurrido más de tres de años desde que ese Pacto fuera publicado en el DOE sin que de ello se derivara consecuencia alguna puesto que, hasta el día de la fecha, ha seguido aplicándose el suscrito el 3 de mayo de 2007 y muchas de sus funestas, cuando no oscuras, cláusulas, a pesar de que las Bolsas de Trabajo derivadas del mismo estaban sobradamente caducadas.

Muchos nos seguimos preguntando por qué razón se publicó un Pacto en el DOE cuando se sabía perfectamente que su aplicación era inviable. Con el debido respeto, un Servicio Público de Salud no puede “jugar” con las expectativas de miles de profesionales porque de esa manera, seguro que sin pretenderlo, los está menospreciando.

Con tres años de retraso, pues, se va a aplicar un Pacto que, justo es reconocerlo, mejora al suscrito en 2007. Así, por fin podemos hablar de Bolsas abiertas y permanentes de las que sus integrantes no van a poder ser excluidos a perpetuidad en caso de renuncia injustificada a una oferta de nombramiento; este Pacto de 2013 protege más la maternidad, elimina la previsión de desplazamiento al final de la lista al cumplir el año de trabajo, contempla el encadenamiento de nombramientos de sustitución, etc.

No obstante lo anterior, las Bolsas de Trabajo que hoy se constituyen nacen viciadas de nulidad de pleno derecho porque ese Pacto de 2013 del que derivan discrimina a las Enfermeras (mejor sería decir, a todos los colectivos a los que se aplica).

Es así. El Pacto de 2013 infringe el artículo 23.2 de la Constitución Española porque ignora méritos y dispensa tratamientos que no se compadecen con el principio de igualdad. Y es que se sigue ignorando la experiencia profesional adquirida en centro privados (concertados muchos de ellos) a pesar de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz; siguen sin valorarse cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud ni la formación especializada; y se hace de peor de derecho a quienes redujeron su jornada de trabajo o solicitaron una excedencia para poder cuidar de su familia y a quienes aceptaron nombramientos a tiempo parcial sin posibilidad de mejora.

Tan conscientes son en el SES de tan graves irregularidades que, ante la cascada de reclamaciones de enfermeras, decidieron reunirse el pasado mes de enero con las Organizaciones Sindicales firmantes del Pacto para filtrar a la prensa que habían acordado reconocer la valoración de la experiencia en el sector privado y la formación acreditada por la por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Parece, sin embargo, que el torticero fin de aquella reunión no era otro que el de suavizar el más que comprensible y legítimo enfado del colectivo enfermero, pues lo cierto y verdad es que aquellos supuestos acuerdos que se filtraron a la prensa hace más de dos meses han quedado, como se suele decir, en “agua de borrajas”, con lo que se vuelve a menospreciar a la Profesión sanitaria más numerosa, adelantando lo que sucederá con el resto de colectivos (salvo con el colectivo médico, al que el SES parece dispensarle otro clase de tratamiento).

En nuestra particular opinión, el ámbito Sanitario Público debe ser ejemplar y, desde luego, deja de serlo cuando en su seno se violentan derechos fundamentales, o cuando se generan en su personal expectativas laborales y profesionales que después frustran sus propios gestores. Tampoco parece apropiado que un Servicio Público de Salud “invite” a sus profesionales a promover procedimientos judiciales de forma individual cuando es plenamente consciente de que ha cometido una infracción que atenta contra uno de los principios capitales de la Constitución Española: la cláusula de igualdad.

Quienes trabajan en Sanidad tienen una preocupación que trasciende a todas: los pacientes, por lo que no es razonable que se les obligue continuamente a realizar interpretaciones de normas, pactos, acuerdos, etc, que les distraiga de tan necesario como poco reconocido cometido. De hecho, es obvio que no corresponde a cada profesional negociar de forma individual los Pactos que regulan su relación con el Servicio de Salud. Por ello, con más razón aún, sobre los gestores y quienes ejercen funciones de representación de los intereses de todo el personal quienes pesa la obligación de mostrarse extremadamente prudentes, cautelosos, juiciosos y ejemplares en esa labor negociadora. Porque sus errores, y sus lamentables consecuencias, van a repercutir en quienes ninguna participación ni, por tanto, culpa, tienen en su comisión: los profesionales.

Para contribuir, en la medida de lo posible, a la evitación de situaciones contrarias a Derecho es, entre otras razones, por lo que nace esta Asociación, que, desde ya, invita a todo el personal a canalizar cuantas quejas tengan que ver con el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo a fin de trasladarlas al SES y obtener, cuando menos, una respuesta por parte del mismo. Asimismo, esa Asociación se ofrece al SES como vehículo de comunicación con su personal, porque consideramos que muchas de las reclamaciones que se plantean responden a un déficit de información y a una prácticamente nula publicidad de decisiones que tienen una evidente repercusión colectiva. 

La Junta Directiva



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miércoles, 23 de marzo de 2016

SI NOS TROPEZAMOS EN EL TRABAJO Y NOS LESIONAMOS, ¿SÓLO SOMOS NOSOTROS LOS CULPABLES?

Desde hace tiempo, suena muchísimo en los tribunales de justicia ese adagio de que las Administraciones Públicas no son aseguradoras universales de todos los riesgos ya que, obvio es, no son responsables de todos los resultados lesivos que pueden producirse por el simple uso de instalaciones públicas, lo que está provocando la desestimación de un gran número de reclamaciones patrimoniales por daños sufridos no sólo por ciudadanos sino también por empleados públicos con ocasión de la realización de su trabajo.

Compartiendo lo anterior -las Administraciones Públicas no son aseguradoras universales-, me pregunto si las mismas no se están sirviendo, en exceso, de aquella regla para rechazar reclamaciones por daños y, también, si es justo que los tribunales de justicia no introduzcan matices cuando esos daños los sufre un empleado público mientras realiza sus funciones.

Veamos un ejemplo muy esclarecedor, producido en un Hospital público: sanitaria que participa en operación quirúrgica y que, al disponerse a salir del quirófano, sufre una caída al tropezar con un bastidor de aluminio situado justo delante de la puerta de acceso donde, por razones de higiene, debería haber estado colocada una alfombra quirúrgica descontaminante que había sido retirada.

La Inspección de Trabajo emite informe al respecto y reconoce que, efectivamente, el lugar de trabajo presentaba deficiencias o condiciones inseguras, si bien no las califica de “graves”. Transcribo parte del informe:



El Servicio de Salud admite que, si bien retiró las alfombrillas porque no eran muy efectivas, dejó instalados los bastidores por si se cambiaba de criterio y se volvían a colocar. Transcribo parte del informe:



No obstante, el Servicio de Salud niega cualquier culpa en la caída sufrida por la sanitaria utilizando para ello una afirmación que, cuando menos, constituye un innecesario exceso:  



La sanitaria no presentaba ninguna discapacidad motora ni visual, pero tropezó, se cayó y se rompió un hombro. Es más, aportó declaraciones juradas de compañeros que afirmaban que sí se producían tropiezos en el mismo lugar y por la misma razón. De hecho, en el momento de la caída, la sanitaria estaba en quirófano, por lo que no es asumible que estuviera distraída sino más bien todo lo contrario, concentraba en su trabajo.

Pues bien, a pesar de contar con el informe de la Inspección de Trabajo, de no sufrir ninguna discapacidad motora ni visual, de aportar declaraciones juradas de sus compañeros que ratificaban la existencia de más tropiezos y de producirse la caída cuando estaba trabajando en quirófano, el Servicio de Salud desestima su reclamación por daños y, lo que es peor, el Juzgado, obviando todos esos datos y sin prueba alguna, resuelve diciendo que la sanitaria no actuó con una diligencia mínima.

Una cosa es que las Administraciones Públicas no sean aseguradoras universales y otra muy distinta que desestimen reclamaciones por daños de forma universal.

¿Justicia? Bueno…

Raúl Tardío López

Abogado

viernes, 18 de marzo de 2016

SEMINARIO DE HUMANIZACIÓN EN COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ


EL PRÓXIMO 14 DE ABRIL, A LAS 18:30 HORAS, EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ, TENDRÁ LUGAR UNA TERTULIA QUE LLEVA POR TÍTULO "¿HUMANIZAMOS LOS CUIDADOS ONCOLÓGICOS?"

CONTARÁN CON LA PARTICIPACIÓN DE CARLOS HERNÁNDEZ, AUTOR DEL EXITOSO LIBRO "UN INTRUSO EN LA FAMILIA" (http://www.dosabrazos.com/), Y SE DARÁ LECTURA AL RELATO QUE RESULTÓ VENCEDOR EL PASADO AÑO 2015 EN EL CONCURSO DE RELATOS CONVOCADO POR EL COLEGIO

LA ENTRADA ES LIBRE




EL TACTO, POR ÁNGELA HERNÁNDEZ DONOSO





La piel es uno de los primeros órganos en formarse y uno de los últimos en desaparecer, además es el más grande que tenemos, por ello, debemos prestar atención y cuidarlo y mimarlo al detalle.

A través de la piel se trasmite información gracias al sentido del tacto, y es la estructura que nos separa el exterior del interior.

Es necesaria la comunicación a través de la piel, pues trasmite cariño, afecto, ternura, compañía, cercanía, seguridad…Debemos tenerlo muy presente puesto que cuando anímicamente se está mal las caricias llegan a ser curativas, y lo más importante, reducen el estrés.

El tacto, es una de las formas más fundamentales de interacción, pero también, a través de él, mostramos nuestro interés y reconocemos la existencia del otro.

Por todo esto, es fundamental, cuando se está en un hospital, que alguien se acerque y tenga ese contacto contigo, ya que, de esta forma, podemos sentir la seguridad que perdemos nada más ingresar, la cercanía que es abandonada al ser un número de habitación y el cariño que se quedó en la puerta. Todo eso es necesario, porque nos encontramos en un período de indefensión ante la circunstancia de ingreso hospitalario, con personas desconocidas, ante un diagnóstico incierto y la exposición continua de nuestro cuerpo.


“No se puede desactivar el sentido del tacto. Puedes cerrarlos ojos e imaginar lo que se siente ser ciego, y puedes tapar sus oídos e imaginar lo que se siente ser sordo. Pero el tacto es tan central y omnipresente en nuestras vidas que no podemos imaginarnos no tenerlo", dice David Linden, neurobióloga de la Universidad Johns Hopkins y autor del libro "Tocar: La ciencia de la mano, el corazón y la mente".

CARRERA PROFESIONAL Y PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD

“Ellos tenían el poder…Él, la razón”. Con esta lapidaria frase se presenta una película dirigida por el maestro Francis Ford Coppola en el año 1997, ganadora de cinco premios Óscar, en la que se denunciaban las malas artes de una poderosa compañía de seguros que, por norma, desestimada todas las peticiones de cobertura médica que le formulaban sus asegurados, a sabiendas de que muy pocos podían costearse un abogado para reclamar sus legítimos derechos en la vía judicial. El título de la película es “LEGÍTIMA DEFENSA”.
 

Cito este filme porque en el Servicio Extremeño de Salud (por abreviar, SES), que es -recuérdese- un Organismo Público, no una empresa privada con ánimo de lucro, sucede que reclamaciones de índole laboral absolutamente legítimas son también desestimadas -normalmente en virtud de esa ficción jurídica denominada “silencio administrativo”-, obligando a los interesados -si es que se lo pueden permitir, gozan de una paciencia inquebrantable y asumen, en ocasiones, el disgusto del cargo de turno- a impetrar el amparo de los tribunales de justicia.


Especialmente censurables son las desestimaciones de reclamaciones cuando éstas vienen respaldadas por pronunciamientos judiciales, lo que invita a pensar que, para ciertas Administraciones Públicas, dilatar una más que probable derrota en los juzgados es sinónimo de victoria.

Tiremos de refranero. Para muestra, un botón. Veamos qué responde el SES cuando personal estatutario temporal reclama que el reconocimiento de la carrera profesional lleve aparejado efectos económicos (echen un vistazo a los tres documentos que aparecen a continuación):



Como puede comprobarse, la respuesta del SES es que “nones” porque -vuelve la burra al trigo- el Acuerdo que firmó con los sindicatos en el año 2005 “…no ofrece posibilidad alguna de que los efectos económicos aparejados al reconocimiento del complemento de carrera profesional a otro personal que no sea estatutario fijo (sic).

¿Haríamos bien si diéramos por válida esa respuesta? La confianza, a veces, no es buena compañera de viaje, incluso cuando se deposita en Administraciones Públicas, cuyas decisiones vienen revestidas de presunciones de legalidad, veracidad, etc. Mejor, por tanto, ser inquieto, curioso, desconfiado. Tal vez encontremos premio.

De hecho, el que no reacciona frente a una decisión administrativa que considera injusta, se dice -en el mundo jurídico- que la consiente, aunque tal conclusión esté a años de luz de la realidad.

Si buceamos un poco por internet para indagar sobre el complemento de carrera profesional del personal estatutario de los Servicios de Salud, seguro nos vamos a dar de bruces con una Sentencia dictada en el año 2014 por el Tribunal Supremo, que, con base en la normativa comunitaria y el principio de igualdad, reconoce al personal estatutario-interino de larga duración (según la sentencia núm. 203/2000 del Tribunal Constitucional, serían quienes mantienen con la Administración una relación temporal de servicios que supera los cinco años) del Servicio de Salud de Castilla y León el derecho a la percepción del complemento de carrera profesional. Sentencia a la que ha seguido otra dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Dicho esto, si bien el Tribunal Supremo limita la aplicabilidad de este pronunciamiento al personal interino de larga duración, es probable que, en un futuro próximo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea extienda sus efectos a todo el personal temporal (como sucedió con los trienios) dada la identidad con las funciones desarrolladas por el personal fijo y ante la inexistencia de razones objetivas que justifiquen un trato desigual.

Si el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, ¿por qué el SES hace oídos sordos? En mi opinión, la respuesta a este interrogante es sencilla: quienes deciden, que son personas que ocupan cargos, no tienen que rendir cuentas a nadie ni afrontar el coste de los procedimientos judiciales. Así es fácil decir, por norma, “no”.


Menudo panorama nos espera si Administraciones Públicas se conducen como la aseguradora de la película…   


Raúl Tardío López

Abogado