jueves, 18 de marzo de 2100

PRESENTACIÓN

Nace este año 2016, en Extremadura, AEPYDES, una Asociación de carácter sanitario, sin ánimo de lucro, que perseguirá, como fines primordiales, la excelencia en Sanidad y la defensa de los intereses de todos los colectivos presentes en Sanidad (profesionales, pacientes, usuarios…), a los que, sin duda, está abierta.

Creada por una matrona, un abogado y un enfermero, AEPYDES, a modo de ágora griega, quiere configurarse como un foro que facilite el encuentro y el debate entre los distintos “actores” sanitarios, que excite el interés por el conocimiento y en el que, con una participación activa de todos ellos, se puedan confrontar ideas, compartir conocimientos e información, aunar esfuerzos, realizar propuestas y fijar objetivos y líneas de actuación comunes y conjuntas. Para ello, AEPYDES dirigirá sus esfuerzos al desarrollo, entre otras, de las siguientes actividades:

  • Promoción y organización de congresos, jornadas, tertulias y debates para impulsar el intercambio de conocimientos, propuestas, ideas, inquietudes e iniciativas y como instrumentos de motivación e implicación social.
  • Fomento y difusión de la investigación.
  • Organización de cursos de formación, teórica y práctica, en todos los campos que guarden relación con el ámbito sanitario.
  • Mejora de la comunicación entre gestores, personal de sanidad y pacientes y usuarios.
  • Potenciación de la resolución amistosa de conflictos que puedan surgir en el ámbito sanitario a través de la mediación.
  • Facilitación de información y asesoramiento al personal de sanidad y a pacientes y usuarios acerca de sus derechos y obligaciones.
  • Promoción de la humanización de la asistencia sanitaria.
  • Formulación de solicitudes, reclamaciones y, en su caso, demandas ante tribunales de justicia en aras de los intereses del personal de sanidad y de los pacientes y usuarios.

viernes, 11 de enero de 2019

PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIAR: EL FRACCIONAMIENTO









Ya es sabido —y si no, lo recordamos— que la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, en su artículo 141, reconoce expresamente el derecho del personal funcionario interino (y del estatutario, por aplicación del artículo 2.3 del Estatuto Marco) a causar excedencia por cuidado de familiares. El precepto en cuestión reza lo siguiente:


<< Artículo 141. Excedencia voluntaria para el cuidado de familiares.

1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a una excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde el nacimiento o de la resolución judicial o administrativa de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

2. Los funcionarios públicos tendrán derecho a una excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

3. El periodo de excedencia será único para cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al que viniera disfrutándose.

4. En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

5. La situación de excedencia por el cuidado de familiares conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo del que sea titular, teniendo derecho durante todo el tiempo de permanencia al cómputo del periodo a efectos de trienios, carrera profesional y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación, así como a efectos de acreditar el periodo de desempeño para acceder a otros puestos de trabajo.

El personal funcionario interino podrá disfrutar de esta excedencia, si bien la reserva del puesto de trabajo se mantendrá únicamente mientras no concurra ninguna de las causas de cese previstas para este personal en la presente ley.
                                                                                                     
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoquen la Administraciones Públicas. >>




Superada la discriminación de la que era objeto, se le presenta ahora al personal interino la misma problemática a la que se viene enfrentando el personal fijo:



¿ se puede fraccionar esa modalidad de excedencia ? Es decir, ¿ uno puede pasar tres meses en excedencia por cuidado de familiar, incorporarse un tiempo y volver a disfrutar de la excedencia por cuidado del mismo familiar ?



Los tribunales de justicia niegan esa posibilidad lisa y llanamente porque el legislador no la ha previsto expresamente (posibilidad que —abran bien los ojos— sí se contempla para el personal laboral).



Esto es que lo dice, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de Madrid en una Sentencia de 21 de octubre de 2010:


<<...la excedencia para el cuidado de un familiar tratándose de trabajadores puede ser interrumpida, en tanto que esa misma excedencia cuando se solicita por un funcionario público, no puede ser objeto de interrupción, pues de lo contrario la Ley Orgánica 3/2007 referida habría mencionado la posibilidad de interrupción como sí hace en el caso de los trabajadores, de tal manera que la falta de referencia a la interrupción en el caso de los funcionarios públicos implica que estos no pueden disfrutar con interrupciones de la excedencia controvertida, conclusión que se apoya en indudables razones sistemáticas.

Por tanto, no es de recibo la tesis de la demandante del supuesto acercamiento en esta cuestión de las relaciones laborales y de la relación de servicio de los funcionarios públicos, puesto que la misma Ley Orgánica que admite expresamente la interrupción de la excedencia para el cuidado de familiares en el caso de los trabajadores, la excluye en el caso de los funcionarios públicos, y por otra parte el artículo 89.4 del EBEP al regular la referida excedencia lo hace con idéntica redacción que la que introduce la Ley Orgánica en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, de forma que se puede concluir lo mismo respecto a aquel EBEP en relación a esta cuestión, todo lo cual conduce a la desestimación del Recurso contencioso-administrativo, porque la letra de la Ley no deja margen para otra interpretación que, por más que pudiera ser deseable de «lege ferenda», no lo es sin embargo aplicando el derecho positivo vigente. >>



La letra de la ley, dice el tribunal. ¿ Saben vds. qué ley es la que genera la problemática ? ¡¡¡  La Ley de igualdad !!!



Volvemos a lo de siempre: según el régimen jurídico que resulte aplicable (laboral o funcionarial), los derechos del personal pueden diferir, aunque el empleador (Administración Pública) coincida. Me lo expliquen, por favor.



Ante tal tesitura, es lógico y comprensible que se alcen voces contrarias a ese dispar tratamiento, como la de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, que, perfecta conocedora de la postura seguida por los tribunales, afirma que el Consejo General del Poder Judicial ha venido adoptando desde hace años la postura contraria, admitiendo la posibilidad de fraccionamiento del período de disfrute de las excedencias tanto para cuidado de hijos menores de 3 años, como para el cuidado de familiares.




jueves, 3 de enero de 2019

LA ABOGACÍA DEL ESTADO MENOSPRECIA A LA PROFESIÓN ENFERMERA.




Hay lecturas imprescindibles, indigestas, sí, pero imprescindibles, porque permiten escudriñar al menos lo que se cuece en esas mentes preclaras que rigen nuestros destinos. Si uno es enfermero, no será deleite precisamente lo que experimente al leer lo que opina la Abogacía del Estado acerca de la competencia de diagnóstico que el legislador comunitario atribuyó, allá por el año 2013, a la Profesión Enfermera, y que el Colegio de Enfermeros de Badajoz esgrime como argumento fuerza para defender que una enfermera puede prescribir medicamentos propios de sus cuidados sin necesidad de contar con ninguna autorización. Ya les adelanto que la Abogacía del Estado no está de acuerdo con el Colegio.


Lo que reproducimos a continuación son pasajes textuales del escrito de la Abogacía del Estado con el que se opone a la demanda que el Colegio de Enfermeros de Badajoz interpuso contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros (enlace a Real Decreto). Al final, publicamos la respuesta del Colegio al ataque de la Abogacía del Estado.



A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA


 EL ABOGADO DEL ESTADO, en la representación y defensa que legalmente ostenta, en el recurso al margen referenciado, seguido a instancia del COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, sobre uso, indicación y autorización para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, ante la Sala comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que, a medio del presente escrito, evacua el traslado conferido y pasa a formular contestación a la demanda, oponiéndose a la misma con base en los siguientes


FUNDAMENTOS DE DERECHO


(...)

Primero.- Lo primero que interesa el Colegio demandante estriba en el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea por falta de transposición de la Directiva de cualificaciones profesionales 2013/55/UE, en su art. 31.7, por no incluir en el ordenamiento jurídico español la capacidad de diagnóstico enfermero y la consiguiente capacidad de prescripción, al coincidir con la aseveración mantenida por el Consejo General de Colegios de Médicos, según la cual es necesaria la capacidad de diagnosticar para poder prescribir, con lo que, a juicio del recurrente, se está vulnerando el ordenamiento jurídico comunitario, al impedir el desarrollo en el ordenamiento jurídico nacional de esta competencia profesional.

Sin embargo, el propio recurrente al citar el precepto lo hace literalmente: “a) COMPETENCIA PARA DIAGNOSTICAR de forma independiente los cuidados de enfermería necesarios utilizando para ello los conocimientos teóricos y clínicos…”.

Efectivamente, los cuidados de enfermería, en toda su amplitud, son competencia de esta profesión conforme establece el art. 7 y concordantes de la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias, que varias veces invoca el recurrente, pero diagnosticar (y planificar y administrar y responsabilizarse de los cuidados enfermeros) no es ni puede confundirse, ni es la misma competencia profesional que la de diagnosticar diferencialmente la enfermedad, competencia esencialmente de otra profesión, la del médico, que, como en anteriores recursos hemos señalado, es el que ha de tener la capacidad de prescripción de medicamentos, competencia que no se le reconoce por el Real Decreto impugnado, sino por el art. 77 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, hoy, art. 79.1 del Texto Refundido de la Ley aprobado por el Real Decreto Legislativo, 1/2015, de 24 de julio (en adelante, T.R.L.G.).

Por lo tanto, la competencia de prescribir medicamentos sólo se le reconoce al médico (y al odontólogo y al podólogo en el ámbito de sus respectivas competencias: la salud buco-dental y la salud del pie). Y esto por voluntad del legislador y no por la potestad reglamentaria del Gobierno.

Y todo ello es así porque el diagnóstico o propedéutica clínica es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier estado de salud o enfermedad (el "estado de salud" también se diagnostica).

En términos de la práctica médica (de la médica, no de la enfermera) y en el ámbito de la medicina como disciplina, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una persona; representa una manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal estado. Diagnosticar es dar nombre al sufrimiento del paciente; es asignar una "etiqueta".

Por eso señalábamos que la prescripción forma parte indivisible de la actuación médica, como profesional prescriptor (y, por tanto, del podólogo y odontólogo también, art. 79.1 del T.R.L.G.), porque para pautar un tratamiento a cualquier paciente, financiado o no por el SNS, de adquisición libre o con receta y, sobre todo, para resolver un problema de salud, es necesario conocer la indicación especifica del mismo y hacerlo sobre un diagnóstico lo más preciso posible, en un paciente concreto del que tras conocer su historia clínica con su anamnesis, exploración y, en su caso, la petición de las pruebas necesarias, puede curarse, mejorar sus síntomas o aliviarse, si todo es correcto y ocurre según lo previsto; sin embargo, también puede tener graves complicaciones, con el efecto indeseable del falle-cimiento incluido, si el proceso no se ha realizado con suficientes garantías.

La prescripción es un acto reflexivo que se alcanza como resultado de un complejo proceso denominado diagnóstico cuyo aprendizaje se adquiere fundamentalmente en los estudios universitarios del grado de medicina, durante la actividad formativa postgraduada y la actividad asistencial tutelada. La prescripción solo es competencia del médico (y, en su caso, del odontólogo y el podólogo, art. 79.1 citado), abarcando dentro del campo del medicamento, a los medicamentos sólo dispensables bajo prescripción, sean financiables o no, e, igualmente, a los medicamentos de libre dispensación.

Es preciso disminuir al mínimo cualquier riesgo derivado del uso de medicación, para lo cual es esencial que el profesional prescriptor, que ha realizado el diagnóstico y que conoce todos factores que confluyen en la enfermedad, sea quien realice la indicación concreta del tratamiento y el seguimiento del mismo. Todo lo cual es, en ocasiones, tan difícil que, hasta para médicos, odontólogos o podólogos avezados y cualificados supone un reto continuo y, por ello, nuestro ordenamiento jurídico actual lo considera materia reservada para los profesionales señalados.

La prescripción de un medicamento no implica solamente la primera administración sino el seguimiento a lo largo de duración del tratamiento de todos los efectos que pueda producir. Los efectos de un medicamento se manifiestan a través de los síntomas y signos que constituyen un cuadro clínico y pueden ser muy diferentes de un paciente a otro según la diversidad de circunstancias que se den en cada enfermo (como se dice de ordinario, más que enfermedades, con lo que se enfrentan los profesionales, es con la diferente idiosincrasia de cada enfermo).

Para poder valorar bien un cuadro clínico es preciso, no sólo tener una sólida formación clínica, sino estar realizando una actividad clínica de manera continua. El hábito clínico no sólo se adquiere sino que es preciso mantenerlo mediante su ejercicio continuado. Por ejemplo, el médico que no ausculta, el odontólogo que no trata, el podólogo que no asiste todos los días a sus pacientes termina perdiendo, en muy poco tiempo, la finura de los da-tos que se pueden obtener mediante la auscultación, la terapia o el consejo clínico correspondiente. Por todo ello, únicamente una persona con formación y hábito clínico está capacitada para prescribir y seguir esos tratamientos. La prescripción por parte de personas que no tengan un buen hábito clínico significa que no se van a poder seguir con detalle los efectos que pueda producir el medicamento y ello implica graves riesgos, incluido un fatal desenlace, para el paciente que es, en definitiva, lo más importante.

El seguimiento de cualquier tratamiento busca obtener la máxima efectividad del mismo y, en el caso del fármaco, minimizar los riesgos causados por su uso, mejorar la seguridad farmacológica, contribuir a su uso racional y mejorar la calidad de vida del paciente. Todo ello forma parte de la prescripción; todos ellos son objetivos que debe realizar el profesional prescriptor.

Ello no obsta, para que, como señala el recurrente y establecía la Exposición de motivos de la Ley de garantías y uso racional del medicamento en 2006, fecha de su promulgación, y, posteriormente, en 2009, una de sus modificaciones, se “contemple la participación en la prescripción de determinados medicamentos de otros profesionales sanitarios como son los enfermeros…, desde el reconocimiento del interés para el sistema sanitario de su participación en programas de seguimiento de determinados tratamientos...”, pero “teniendo como objetivo fundamental la seguridad y el beneficio de los pacientes y de dichos profesionales”.

Si, como parece razonable, se ha de reconocer que el diagnóstico en la identificación de la enfermedad es competencia profesional del médico (aunque también del odontólogo y del podólogo), debe serlo también la prescripción del tratamiento correspondiente –y esta pre-cisión terminológica es pacífica para el propio recurrente), pues, en absoluto, cuestiona el planteamiento de esta medida, en cuyo caso merece la pena ser destacado el propio título de la norma impugnada, en la que se atribuye al enfermero la competencia del uso, la indicación y la autorización para la dispensación…, pero no la de la prescripción.

Por ello, ni cabe la aseveración de infracción de la obligación de transponer la citada Directiva, porque no cabe reconocer al enfermero esa capacidad de diagnóstico diferencial de la enfermedad, pues, el ordenamiento jurídico europeo no se lo atribuye.

Ni tan siquiera procede tal reconocimiento en el caso de las matronas, a pesar de la observación que hace la parte a la D. Adicional primera del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre (en adelante RD. 954/15), conforme a la cual:

“Las previsiones de este real decreto se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, el cual atribuye a las matronas actividades para el diagnóstico, supervisión, asistencia del embarazo, parto, posparto o de recién nacido normal, mediante los medios técnicos y clínicos adecuados”.

No puede afirmarse que las matronas en el ordenamiento jurídico español (enfermeras especialistas conforme a lo previsto en el RD 450/2005 y, hoy, en el RD 639/2014, por el que se aprueba el sistema de formación sanitaria especializada troncal especialistas obstétrico-ginecológicas), diagnostiquen enfermedades, porque ese RD de 2008 que transpone las Directivas citadas reconoce a la matrona la capacidad de diagnóstico del embarazo (que técnicamente no debería definirse como enfermedad o patología, sino como proceso natural vinculado a la salud reproductiva de la mujer), pero, no de una enfermedad y ello puede comprobarse también en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, en la que la situación de baja por maternidad está netamente diferenciada, desde el año 1995, de la baja por incapacidad temporal asociada a enfermedad común –como prestación de la acción protectora del sistema de seguridad social español–, porque el embarazo no es una enfermedad, sino un proceso natural, lo que se refleja en el apartado j) del art. 55 de ese RD, en el que se establece literalmente que a la matrona le corresponde “Realizar el tratamiento prescrito por el médico”.

Por ello, no puede prosperar el planteamiento de la cuestión prejudicial interesada de ad-verso que haría referencia a la Directiva 2005/36/CE, de cualificaciones profesionales.

(...)


Y esto es lo que responde el Colegio:






















lunes, 10 de diciembre de 2018

¿HABLAMOS UN POCO DE TRATOS DISCRIMINATORIOS ENTRE FIJOS Y TEMPORALES Y DE EXCUSAS DE MAL GESTOR?









Ruego a quienes estén vinculados o puedan vincularse en un futuro, próximo o lejano, con la Administración en virtud de nombramientos/contratos temporales que presten atención al siguiente principio:



la mera naturaleza temporal de la relación laboral no es razón suficiente para justificar que, en lo que a “condiciones de trabajo” se refiere, la Administración pueda tratarles de manera diferente (peor) con respecto al personal fijo cuando por la naturaleza del trabajo, por los requisitos de formación y por las condiciones laborales, el temporal y el fijo se encuentran en una situación comparable.




En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen claro que el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. Y, en materia de contratos de duración determinada, ese principio lo vamos a encontrar en la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.
     

   
¿Y saben otra cosa?


Que tampoco le sirve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como excusa para hacer de peor derecho al personal temporal (OJO A ESTO) el hecho de que la diferencia de trato esté prevista en una norma (ley, decreto, etc) general y abstracta. Es decir, que si alguien nos dice que no tenemos derecho a percibir X complemento retributivo o a causar X situación administrativa porque la ley sólo lo contempla para los fijos, ese alguien controla poco o nada el tema (o “controla” mucho).




Entonces, ¿cuándo admite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la diferencia de trato entre fijos y temporales?



Pues verán, cuando existan —quédense también con esto— RAZONES OBJETIVAS, esto es, cuando se den elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, que permitan verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta necesaria al efecto.



Será, en cualquier caso, al juez nacional al que corresponda valorar si concurren tales razones objetivas que justifiquen el distinto trato, eso sí, respetando siempre y en todo caso las premisas a las que nos hemos referido al principio.




Por más que les pese a los gestores de las Administraciones Públicas empleadoras, las máximas expuestas al inicio de esta entrada están sólidamente consolidadas y son repetidas, hasta la saciedad, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y están siendo aplicadas sin piedad por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. Les pongo algunos ejemplos de ello:


I.-
SENTENCIA DE 20.12.2017 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (ASUNTO C-158/16)


Se condena a la Administración del Principado de Asturias a reconocer a una funcionaria interina el derecho a causar la situación de servicios especiales o excedencia (suspendiendo su relación de trabajo) tras ser nombrada para desempeñar un cargo parlamentario. La Administración aducía que esa situación sólo la pueden causar los fijos.

  
II.-
SENTENCIA NÚM. 149/2017, DEL 18.12.2018 DICTADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Condena a la Administración gallega a reconocer a dos trabajadoras laborales interinas el derecho a permutar sus puestos de trabajo. ¿Saben que la Ley de la Función de Extremadura, del año 2015, exige ser fijo para poder permutar el puesto?


III.-
SENTENCIA Nº 1592/2018, DEL 7.11.2018, DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA TERCERA

Condena a la Diputación Provincial de Málaga a reconocer a un funcionario interino el derecho a consolidar el grado personal correspondiente tras ocupar durante 12 años un puesto de trabajo de nivel 26.


IV.-
AUTO DE LA SALA DÉCIMA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL 21.09.2016 (asunto C-631/15)


Condena al Principio de Asturias a reconocer el derecho del personal interino a participar en un Plan de evaluación de la función docente para poder devengar el incentivo que se deriva de ello, en caso de evaluación positiva.


V.-
SENTENCIA NÚM. 232/2015, DEL 5.11.2015, DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional otorga el amparo a un funcionario interino al que la Comunidad de Madrid le había denegado el reconocimiento de los sexenios solicitados.


VI.-
SENTENCIA DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL 9.07.2015 (asunto C-177/14)


En esta sentencia se declara que vulnera el principio de no discriminación el hecho de excluir, sin justificación alguna por razones objetivas, al personal eventual del derecho a percibir los trienios concedidos, en particular, a los funcionarios de carrera, cuando, en relación con la percepción de dicho complemento salarial, ambas categorías de trabajadores se hallan en situaciones comparables, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.


VII.-
SENTENCIA DEL  30.06.2014 DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA TERCERA, SECCIÓN SÉPTIMA


Esta sentencia reconoce el derecho del personal interino al cobro del complemento de carrera profesional.

  
VIII.-
AUTO DE LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL 9.02.2012 (asunto C-556/11)

En esta sentencia se declara contraria a la cláusula de no discriminación que el hecho de que una normativa nacional reserve, sin ninguna justificación por razones objetivas, el derecho a percibir el complemento retributivo por formación permanente únicamente a los profesores funcionarios de carrera, excluyendo a los profesores funcionarios interinos, cuando, en relación con la percepción de dicho complemento, ambas categorías de trabajadores se hallan en situaciones comparables.


IX.-
SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL 8.09.2011 (asunto C-177/10)

El tribunal europeo resuelve que la cláusula de no discriminación se opone a que los períodos de servicio cumplidos por un funcionario interino de una Administración Pública no sean tenidos en cuenta para el acceso de éste, que entre tanto ha tomado posesión como funcionario de carrera, a una promoción interna en la que sólo pueden participar los funcionarios de carrera, a menos que dicha exclusión esté justificada por razones objetivas, en el sentido del apartado 1 de dicha cláusula. El mero hecho de que el funcionario interino haya cumplido dichos períodos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación de servicio de duración determinada no constituye tal razón objetiva.




Seguiremos informando.





lunes, 19 de noviembre de 2018

EL SECTOR SOCIOSANITARIO PRIVADO/CONCERTADO











Los tribunales de justicia tendrán que resolver si la experiencia profesional adquirida en el sector sociosanitario privado debe puntuar en las Bolsas de Trabajo del SES, y ello gracias a que un nutrido grupo de profesionales ha decidido impetrar el auxilio de la Justicia ante la negativa del SES a valorar ese trabajo (aunque lo cierto es que, en algunos casos, sí la ha computado. Cosas veredes).



Son muchos los argumentos a favor de que esa experiencia se compute. Aquí, sólo, unas breves pinceladas sobre lo que dice la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia acerca del sector privado. Esa ley:



— Destacará al sector sociosanitario privado como un << PILAR DEL SISTEMA DE BIENESTAR, para la atención a las situaciones de dependencia >>.



— Entre los principios que inspiran el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),  referirá los siguientes: (1) La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia; (2) La integración de las prestaciones establecidas en esta Ley en las redes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante centros y servicios públicos o privados concertados.


— Configurará el SAAD como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos Y PRIVADOS.




Controles, inspecciones, autorizaciones, conciertos, identidad de titulación, etc. Insisto en que son muchos los argumentos a favor de que esa experiencia se valore, y no les voy a aburrir desgranándolos aquí. Pero sí me van a permitir que les ilustre con una imagen, porque es cierto que, en ocasiones, una imagen tiene más peso que mil palabras.






Efectivamente. Tanto el Presidente de la Junta de Extremadura como el Consejero de Sanidad acudieron, el pasado 12 de noviembre, a la inauguración de un Centro Residencial para Personas Mayores PRIVADO, y Fernández Vara aprovechó el acto para indicar que << no todos los servicios pueden ser públicos >>, ameritando iniciativas privadas. Vara apuntó también en ese acto que: << ... es clave ofrecer respuestas integrales a todo lo que tiene que ver con la dependencia, respuestas integrales y especializadas que entronquen la parte social y sanitaria e integren también las nuevas tecnologías en el ámbito de los cuidados >>.



La coherencia, para tantos y tantos políticos, es un peso insoportable.