jueves, 18 de marzo de 2100

PRESENTACIÓN

Nace este año 2016, en Extremadura, AEPYDES, una Asociación de carácter sanitario, sin ánimo de lucro, que perseguirá, como fines primordiales, la excelencia en Sanidad y la defensa de los intereses de todos los colectivos presentes en Sanidad (profesionales, pacientes, usuarios…), a los que, sin duda, está abierta.

Creada por una matrona, un abogado y un enfermero, AEPYDES, a modo de ágora griega, quiere configurarse como un foro que facilite el encuentro y el debate entre los distintos “actores” sanitarios, que excite el interés por el conocimiento y en el que, con una participación activa de todos ellos, se puedan confrontar ideas, compartir conocimientos e información, aunar esfuerzos, realizar propuestas y fijar objetivos y líneas de actuación comunes y conjuntas. Para ello, AEPYDES dirigirá sus esfuerzos al desarrollo, entre otras, de las siguientes actividades:

  • Promoción y organización de congresos, jornadas, tertulias y debates para impulsar el intercambio de conocimientos, propuestas, ideas, inquietudes e iniciativas y como instrumentos de motivación e implicación social.
  • Fomento y difusión de la investigación.
  • Organización de cursos de formación, teórica y práctica, en todos los campos que guarden relación con el ámbito sanitario.
  • Mejora de la comunicación entre gestores, personal de sanidad y pacientes y usuarios.
  • Potenciación de la resolución amistosa de conflictos que puedan surgir en el ámbito sanitario a través de la mediación.
  • Facilitación de información y asesoramiento al personal de sanidad y a pacientes y usuarios acerca de sus derechos y obligaciones.
  • Promoción de la humanización de la asistencia sanitaria.
  • Formulación de solicitudes, reclamaciones y, en su caso, demandas ante tribunales de justicia en aras de los intereses del personal de sanidad y de los pacientes y usuarios.

martes, 3 de julio de 2018

MODELO IMPUGNACIÓN PREGUNTAS/RESPUESTAS EJERCICIO SES





Trámite:       impugnación ejercicio oposición del proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017 para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Enfermero/a de Urgencia de Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud






AL TRIBUNAL DE SELECCIÓN
(Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, Avenida de las Américas 2, 06800 Mérida)


​D./Dª………………… mayor de edad, Enfermera, con DNI ……… y con domicilio en ………………., ante el Tribunal Calificador comparezco y, como mejor proceda, DIGO:


         Que el pasado uno de julio de dos mil dieciocho se hicieron públicas las plantillas provisionales de las respuestas consideradas correctas por ese Tribunal Calificador de las pruebas teórico-prácticas convocadas por Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Enfermero/a de Urgencia de Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.



         Que, a la vista de dichas plantillas publicadas, y al amparo de la base 6.2.4 de la convocatoria, estimo que la formulación de las preguntas (y/o las correspondientes respuestas correctas a criterio del Tribunal, según el caso), incurren en defectos u omisiones que más adelante serán expuestas y, por medio del presente escrito, dentro del plazo de cinco días concedido por la Resolución de convocatoria, a contar desde la publicación de las citadas plantillas provisionales, vengo a formular reclamación respecto a la formulación de las preguntas (y/o las correspondientes respuestas consideradas correctas por el Tribunal, según al caso), exponiendo las siguientes:



ALEGACIONES



PRIMERA.- Respecto de la formulación de la pregunta (y/o de la respuesta correspondiente, en su caso) núm. …… de la prueba, el Tribunal ha considerado provisionalmente como correcta la siguiente: ………….



Sin embargo la formulación correcta de esa pregunta (y/o la respuesta correcta) es la siguiente: ………………….


​Y ello por las siguientes razones (formularlas si se considera necesario):

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SEGUNDA.- Respecto de la formulación de la pregunta (y/o de la respuesta correspondiente, en su caso) núm. …… de la prueba, el Tribunal ha considerado provisionalmente como correcta la siguiente: ………….


​Sin embargo la formulación correcta de esa pregunta (y/o la respuesta correcta) es la siguiente: ………………….


​Y ello por las siguientes razones (formularlas si se considera necesario):

​-
​-
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TERCERA.- Procede por ello que el Tribunal Calificador efectúe las correcciones que se indican en los apartados anteriores, por ser más indicada la formulación de las preguntas de la forma que queda expresado (y/o las respuestas correspondientes y correctas son las que se han expresado). …



​Por lo anteriormente expuesto,



SOLICITO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo y tener así mismo por formulada reclamación, en tiempo y forma, respecto a la formulación de las preguntas (y/o respecto las respuestas) elaboradas por el Tribunal Calificador, rectificando la formulación de las preguntas números …… (y/o rectificando las respuestas dadas a las preguntas números …..), sustituyendo la formulación a dichas preguntas (y/o la respuesta a dichas preguntas), según ha quedado propuesto en el contenido anterior de este escrito, para cada una de dichas preguntas.



​Lo que pido en ___________, a ____ de julio de dos mil dieciocho.





* En esta entrada intentamos condensar las razones que el Tribunal Supremo admite para poder impugnar preguntas/respuestas: enlace a entrada


jueves, 14 de junio de 2018

EL PROFESOR/PERSONAL COLABORADOR DOCENTE UNIVERSITARIO HONORÍFICO










Se ha publicado recientemente en el DOE (enlace), un Concierto suscrito el 16 de mayo de 2018 entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura en materia formativa cuya finalidad es (así se leerá en el mismo): << atender a los requerimientos que actualmente guían la formación de los futuros profesionales de Ciencias de la Salud para incrementar la eficacia y calidad del sistema sanitario y responder a las modificaciones normativas que han tenido lugar a partir de la publicación del Concierto actualmente en vigor >>.




Para la consecución de tan legítimos fines, en este Concierto (cláusula novena) nos vamos a topar, de nuevo, con la, a mi juicio, inquietante (desde el punto de vista legal) figura del PROFESOR COLABORADOR HONORÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (al que ya me referí en una entrada anterior), cuya existencia se va a justificar con la siguiente coartada (punto 1 de esa cláusula novena):




<< De acuerdo con las directrices generales del Real Decreto 1558/1986, “todo servicio concertado lo será en su totalidad”. Por consiguiente, todo el personal de la plantilla de los centros sanitarios objeto del presente Concierto que colabore en la docencia clínica y no ocupe plaza docente, tendrá derecho al nombramiento de profesor colaborador honorífico de la Universidad de Extremadura. Dicho nombramiento se realizará por el Rector de la Universidad a propuesta de los diferentes departamentos universitarios a los que estén asignados los profesores, oídos los centros de los que dependa la docencia. La Universidad de Extremadura llevará un registro de este personal, cuya actividad certificará a solicitud del interesado, en un documento específico, para que pueda surtir efectos curriculares y de carrera profesional >>.




Esta presentación de la figura del “profesor colaborador honorífico” se completa con un exiguo y claramente insuficiente régimen jurídico y una serie de beneficios (no dinerarios) claramente dirigidos a seducir o embaucar a los profesionales (no sé si lo suficientemente cautivadores), reunidos todos ellos en el punto 3 de esa misma cláusula novena.



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COLABORACIÓN




A los colaboradores docentes clínicos los nombra la Comisión Mixta a propuesta del SES y de la Universidad de Extremadura (antes, el Concierto dice que los nombramientos se realizan por el Rector de la Universidad a propuesta de los diferentes departamentos universitarios a los que estén asignados los profesores, oídos los centros de los que dependa la docencia).


Estos colaboradores docentes no ocupan plaza en la Universidad.



BENEFICIOS


Estos colaboradores docentes recibirán de la Universidad una certificación académica de las horas impartidas (como máximo 180 horas por curso académico), de modo que este mérito sea uno de los criterios a tener en consideración a la hora de evaluar la carrera profesional docente y asistencial.



Esa colaboración docente clínica será tenida en cuenta por la Universidad de Extremadura en los baremos para la selección de profesor asociado en Ciencias de la Salud, y por las Instituciones Sanitarias en los concursos para la provisión de puestos de trabajo (que le pregunten a las enfermeras si el SES valora ese trabajo...).



Los colaboradores docentes podrán consignar dicho reconocimiento en sus publicaciones o comunicaciones científicas.


Los colaboradores docentes tendrán derecho: (i) al uso de los servicios deportivos del SAFYDE, en las mismas condiciones que el PDI de la Uex;  (ii) a acceder a la formación en idiomas que se imparte en el Instituto de Lenguas Modernas (ILM-UEx) con las mismas tasas y condiciones que tiene el PDI de la Uex; (iii) a realizar la acreditación de los distintos niveles de idiomas en el ILM-UEx, de acuerdo con los convenios que tenga suscritos con las instituciones de acreditación de cada país; (iv) a usar la plataforma CertiUni, creada bajo el auspicio de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para la acreditación universitaria de idiomas, TIC y formación en valores con las mismas tasas que el PDI de la Uex; (v) a acceder gratuitamente a los cursos de formación del Servicio de Orientación y Formación Docente de la UEx (SOFD) y a los del G-9 en las mismas condiciones que el PDI; (vi) a acceder a los fondos documentales de la biblioteca de la UEx, así como al fondo REBIUN de todas las universidades españolas y del CSIC; (vii) a la utilización de las instalaciones de la Residencia Universitaria de la UEx en Jarandilla de la Vera, con los mismos descuentos que los profesores de la UEx.





CUESTIONES CONTROVERTIDAS








I.-
¿  BASE LEGAL  ?



La figura del colaborador docente universitario honorífico (o como se la quiera denominar) carece de base legal. El Real Decreto 1558/1986 que se cita en el Concierto no lo contempla. De hecho, si echamos un vistazo al Protocolo publicado en el BOE de 6 de febrero de 2017 mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud ( protocolo ) podremos comprobar cómo en el mismo se dice que:


<< Los residentes y alumnos en formación, que realicen rotaciones o prácticas en centros sanitarios, contaran respectivamente con un tutor de formación especializada o, con un tutor clínico, un profesor con plaza vinculada, o un profesor asociado de ciencias de la salud, pertenecientes a la plantilla del centro sanitario donde se desarrollan las prácticas clínicas. Los citados responsables docentes serán las personas de referencia a las que podrán dirigirse otros profesionales del centro o personas ajenas al mismo, en relación con las actividades que realicen residente y alumnos en formación >>.



Ni rastro del colaborador docente universitario honorífico.



II.-
¿  CONVOCATORIA PÚBLICA  ?



Los colaboradores son nombrados sin necesidad de previa convocatoria pública (lo que pone en tensión los principios constitucionales que rigen el acceso a las funciones públicas, art. 23.2 CE) y se opta a tales “puestos” de forma voluntaria (para tranquilidad de todos, el Concierto no configura la docencia como una función inherente al  profesional sanitario).



III.-
¿  DERECHOS, OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES, FUNCIONES  ?



Esos colaboradores son nombrados a propuesta del SES y de la Universidad pero, ciertamente, se desconocen (porque no se refieren) cuáles son sus derechos, sus deberes, sus obligaciones; no tienen definidas claramente sus funciones, sus responsabilidades; no se determina quién dirige o define las directrices de su trabajo, ni de quiénes dependen cuando desarrollan esa función colaboradora, ni a quiénes deben rendir cuentas, o si gozan de autonomía en ese cometido, etc.


En consecuencia, se ignora casi por completo su régimen jurídico, lo que genera una palmaria inseguridad jurídica. Me pregunto, por ejemplo, qué autoridad tiene (qué norma se la atribuye) y qué responsabilidad asume el colaborador docente a la hora de garantizar los derechos  de los pacientes (por ej: intimidad) cuando, como se ha visto, el Protocolo de 2017 no lo menciona.







IV.-
CARÁCTER HONORÍFICO



La colaboración es “a título honorífico”, es decir, sin contenido económico relevante. Sin embargo, a los colaboradores sí que se les reconocen expresamente beneficios / ventajas, y entonces nos surge la duda respecto a si tales contraprestaciones se compadecen con aquella liberalidad y están a salvo de los vampiros de Hacienda (exentas a efectos fiscales).




V.-
HABITUALIDAD




Ha quedado dicho que los colaboradores son nombrados por una Comisión Mixta a propuesta del SES y de la Universidad de Extremadura. Ahora bien, el derecho a obtener un certificado (para que su actividad pueda surtir efectos curriculares y de carrera profesional) se condiciona a que la colaboración sea habitual (si bien con un máximo de 180 horas por curso académico).






Verán, si a la nota de la “habitualidad”  de la colaboración de estos bienintencionados (qué duda cabe) profesionales sumamos (i) los (exiguos) beneficios “en especie” que se les dispensan; (ii) el hecho cierto de su “nombramiento”; (iii) y que, efectivamente, ejercen como personal docente por cuenta de la Universidad, contribuyendo a la formación de sus alumnos; se me plantea la seria duda respecto a si no estaremos en presencia de auténticas relaciones de trabajo, sujetas por tanto al Estatuto de los Trabajadores y demás formalidades. Y es que no termino yo de ver que se trate de << trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad >>, extramuros del Estatuto de los Trabajadores (art. 1.3.d).





Con esta entrada en modo alguno trato de censurar la bondad de la colaboración docente. Para nada es esa mi pretensión. No tengo la menor duda de que el personal accede a prestar esa colaboración de forma absolutamente desinteresada, sin atender a los posibles beneficios que ello les puede reportar. El análisis es, por el contrario, de estricta legalidad y, en todo caso, persigue una mayor protección de los profesionales y, también, por supuesto, de los pacientes.



lunes, 4 de junio de 2018

PERMISO PARA PROCESO SELECTIVO FUERA DE EXTREMADURA










Hay consultas que, por su aparente sencillez, se prestan a ser respondidas con una celeridad que, en ocasiones, se torna en atrevida ligereza — tantas veces hermanada con la comodidad, con la apatía o con la desidia — cuando no se estudian con cierto detenimiento. Hay que ser rigurosos incluso en la duda, porque un concienzudo análisis no es garantía de certidumbre pero sí que hace razonable y, por tanto, admisible y excusable la hesitación que, aun así, nos pueda invadir. 




El ámbito jurídico (también el sanitario) es, desde luego, un terreno enormemente fértil para el alumbramiento de interrogantes — inmejorable abono para la generación de controversias — lo que explica que, en muchas ocasiones, intentar responder a una consulta, por simple que ésta parezca, sea como adentrarse, cual Teseo pero sin hilo de Ariadna, en el laberinto de Dédalo en busca del minotauro.



Como caldo de cultivo de incertidumbres, la función pública es verdaderamente ejemplar, porque, entre otras cosas, es habitual que: (i) en la regulación de una determinada materia confluyan, se imbriquen y enzarcen normativas estatales, autonómicas, locales, sectoriales...; (ii) que en su redacción participen distintos agentes, cada uno de su padre y de su madre; (iii) que se recurra a expresiones poco claras, susceptibles de infinidad de interpretaciones, o directamente equívocas; (iv) o que los destinatarios de los textos sean, indistintamente, funcionarios, estatutarios y laborales.  Un caos, vamos.



Como muestra, un botón. Supongamos que nos formulan la siguiente pregunta:


¿Existe a nivel SES un permiso reconocido al personal estatutario para asistir a pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo convocadas por Administraciones que no sean de la Comunidad Autónoma de Extremadura?



Abanico de respuestas:



1.             Las Instrucciones del SES


Si consultamos las Instrucciones del SES, de 8 de mayo de 2013 (punto 2.15, letra e), que regulan el régimen aplicable de permisos y vacaciones al personal del Organismo Autónomo, la respuesta es que NO. ¿Por qué razón? Porque requiere que se trate de pruebas selectivas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremaduraenlace a Instrucciones ). Reproduzco a continuación el contenido de ese punto 2.15, letra e):



<< Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de celebración, así como, en las mismas condiciones, para asistir a las pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los exámenes finales o pruebas definitivas de aptitud deben corresponder a estudios reglados para la obtención de un título académico o de una capacitación profesional.

Cuando un trabajador tenga asignado un turno nocturno, guardia o atención continuada durante la noche inmediata anterior al día del examen o prueba, tendrá derecho al cambio de turno o guardia inicialmente asignados >>.


Respecto a estas Instrucciones, interesa hacer notar que:


No son el resultado (que se sepa) de una negociación son las OO.SS., con lo que se incumple el artículo 80.2, letra f), de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, según el cual el “régimen de permisos y licencias” debe ser << objeto de negociación >>.


Se aplican también al personal funcionario y laboral que trabaja en el SES <<...en la medida en que se no se oponga a la normativa para el personal funcionario de la Administración Autonómica y al Convenio Colectivo para personal laboral de la Junta de Extremadura >>.



2.             El Decreto 149/2013


Si acudimos al Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, más en concreto, a su artículo 13.1, letra e), nos encontraremos con un permiso prácticamente idéntico al de la Instrucciones del SES, para cuyo reconocimiento también se va a exigir que se trate de pruebas selectivas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El permiso dice así:


<< Para concurrir a exámenes finales y a otras pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluida la Universidad de Extremadura, durante los días en que tengan lugar >> ( enlace a Decreto ).



Aunque dirigida principalmente al personal funcionario y laboral de la Junta de Extremadura, este Decreto 149/2013 podría ser aplicable al personal estatutario SES según su artículo 1.3, donde se dice que: << Al personal docente no universitario, al investigador y al personal estatutario, en defecto de normativa específica, les es de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en este Decreto >>.


No obstante, como el tenor del permiso en liza es el mismo que el previsto en las Instrucciones del SES, de no existir éstas tampoco nos los reconocerían. Vamos, que nos quedaríamos igual.



3.             La Ley 13/2015 de Función Pública de Extremadura


Nos queda por rendir visita a la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. Su artículo 53.1, letra d), reconoce el siguiente permiso:


< < Para concurrir a exámenes y demás pruebas de aptitud y evaluación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas para el ingreso o provisión de puestos de trabajo en organismos internacionales y Administraciones Públicas de España, incluidas Universidades, durante los días en que tengan lugar >>.



Esta ley se muestra, qué duda cabe, más generosa que las Instrucciones del SES y que el Decreto 149/2013 puesto que no condiciona la concesión del permiso que nos ocupa a que las pruebas selectivas se convoquen por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Que de esta última regulación se beneficia al personal funcionario que trabaja en el SES no parece haber duda. El debate se va a plantear respecto a su aplicabilidad al personal estatutario.



Lean el siguiente pasaje que contiene la Exposición de Motivos de esta Ley 13/2015:


<< En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, la misma posee una vocación expansiva y, aunque limitada a la naturaleza de la entidad a la que se dirige, ejerce su influencia sobre el conjunto del sector público extremeño. Así, la ley incluye en su ámbito de aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a las Administraciones locales extremeñas, incluidos los organismos y entidades públicas dependientes de una y otras; a la Universidad de Extremadura, en cuanto al personal de administración y servicios, así como, en ciertas materias determinadas por esta norma, al sector instrumental.

Ello no es óbice para que se respeten las singularidades del personal docente no universitario, de una parte, y del personal estatutario adscrito al Servicio Extremeño de Salud, de la otra, a los que resultarán de aplicación con carácter supletorio las previsiones de esta ley, en la medida en que no contradigan lo dispuesto en la legislación específica dictada por el Estado y en las normas específicas que se dicten por la Comunidad Autónoma en el ámbito de las competencias atribuidas >>.



Ahora, echen un vistazo al artículo 2.2 de la Ley 55/2003: << En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV, serán aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente >>.



Tenemos, por un lado (i), que el legislador extremeño subraya la vocación “expansiva” de su ley de función pública (aunque la suaviza al abordar el régimen jurídico del personal estatutario, al que se le aplicará de forma supletoria); y, por otro (ii), que el legislador estatal (en la Ley 55/2003) reconoce la aplicabilidad al personal estatutario de las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente — lean bien ahora — << En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los pactos o acuerdos regulados en el capítulo XIV >>.



¿Cómo queda la cosa entonces?



Les expongo mi opinión, que, por supuesto, someto a mejor opinión fundada en Derecho:


como no hay una ley, acuerdo o pacto que regule el permiso en liza a nivel SES, procede la aplicación supletoria de la Ley de Función Pública de Extremadura al personal estatutario.




Soy Raúl Tardío López, Abogado colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados de Badajoz, miembro de AEPYDES


viernes, 18 de mayo de 2018

BOLSA TRABAJO SES: EXPERIENCIA EN CENTROS SOCIOSANITARIOS PRIVADOS





A LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD


Asunto: alegaciones a listado provisional mayo 2018 / Bolsa Trabajo categoría Enfermera / discriminación / Residencias de Mayores


D/Dª.__________________________________________, mayor de edad, provisto/a con DNI núm._____________________, con domicilio a efectos de notificaciones en___________________________________________________________, comparece y, como mejor proceda, DICE

Que, por Resolución de 15 de mayo de 2018 (publicada el 16 de este mismo mes), dictada por esa Secretaría General, se han hecho públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos en la Bolsa de Trabajo en la categoría de Enfermero/a y para Unidades de Especiales Características de esta categoría convocadas por Resolución de 23 de septiembre de 2014, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Que a quien suscribe no le ha sido computada la experiencia profesional adquirida como enfermera en la Residencia de Mayores ______________ a pesar de ser un Centro Sociosanitario que, además, tiene suscrito concierto con la Junta de Extremadura. Negativa  contra la que, mediante el presente escrito, la dicente muestra su más absoluta y frontal oposición con base en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- La decisión de no valorar la experiencia adquirida en Centros sociosanitarios privados o concertados constituye una palmaria vulneración del PRINCIPIO DE IGUALDAD en el acceso a la función pública del artículo 23.2 de la Constitución Española en tanto en cuanto la experiencia profesional enfermera adquirida en Residencias de Mayores Públicas sí que se computa, siendo que: la titulación exigida para ocupar plazas/puestos y las competencias profesionales a desarrollar son idénticas. Efectivamente, ha sido ese Servicio de Salud el que ha decidido valorar la experiencia profesional enfermera en Centros Sociosanitarios, eso sí, despreciando, sin motivación alguna, la adquirida en aquellos que pertenecen al ámbito privado e incluso en el concertado.

En una reciente Sentencia (de 24 de abril de 2018), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado a ese Servicio de Salud a computar en procesos de selección la experiencia profesional adquirida en el sector privado tras considerar que la exclusión tajante de su valoración contraviene el artículo 23.2 de la Constitución <<en tanto que la libertad de la que goza la Administración para la regulación de las pruebas de selección o provisión de funcionarios y en la determinación de cuáles han de ser los méritos y capacidades que se tomarán en consideración, se extralimita creando en principio desigualdades que por no justificadas resultan arbitrarias en cuanto ajenas, no referidas o incompatibles con los de mérito y capacidad. Se altera por tanto el principio de igualdad de oportunidades que ha de regir en los concursos >>. Y recuerda nuestra Sala en esa misma Sentencia que la exclusión de la experiencia profesional en centros privados << fue considerado atentatorio del artículo 23,2 de la Constitución, por el T.C. en la sentencia anteriormente citada de fecha 2 de marzo de 1998 >>. A mayor abundamiento, en esa capital Sentencia de 2 de marzo de 1998 del Tribunal Constitucional que cita la Sala se contiene un pasaje absolutamente revelador, el siguiente: << A los efectos de enjuiciar el fundamento racional y objetivo de una diferenciación basada en criterios de mérito y capacidad, resulta claro que no es lo mismo que los requisitos se hayan determinado en términos positivos (una concreta titulación, experiencia mínima, conocimientos o capacidades, por ejemplo), que por vía negativa (v.gr.: prohibición de acceso a determinados colectivos, con independencia y al margen de que eventualmente concurran o no, tales elementos). Cabe afirmar, en línea de principio, que la configuración de las condiciones de acceso por vía negativa requiere una mayor y más severa justificación objetiva y racional para superar el juicio que el art. 23. 2 CE impone >>. En el presente caso, es claro que la exclusión de la experiencia profesional adquirida en Residencias de Mayores privadas o concertadas incumple el condicionante establecido por el más Alto Tribunal.

SEGUNDA.- Por otra parte, no se puede soslayar que, conforme a la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, la atención sociosanitaria se integra en nuestro Sistema Sanitario y conlleva la prestación de cuidados sanitarios, lo que, con toda seguridad, justifica la valoración de la experiencia en Centros de Mayores. Repárese, en este sentido, en los artículos 47 y 51 de la ley citada:

— << Artículo 47. Niveles de atención.
1. Los servicios sanitarios en Extremadura se ordenarán en los siguientes niveles, que actuarán bajo criterios de coordinación y cooperación:
a) Atención primaria.
b) Atención especializada, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
2. Participando de ambos niveles de atención, se prestará la atención a las urgencias y emergencias sanitarias y a la atención sociosanitaria.

— << Artículo 51. Atención sociosanitaria.
1. La atención sociosanitaria integra los cuidados sanitarios con los recursos sociales de forma continuada y coordinada
2. El sistema sanitario público de Extremadura dispondrá de los recursos necesarios para prestar una atención sociosanitaria de calidad. A tal efecto se coordinarán todos los servicios sanitarios y sociosanitarios de responsabilidad pública con el fin de alcanzar una homogeneidad de objetivos y un máximo aprovechamiento de recursos >>.

TERCERA.- Ni siquiera criterios de seguridad y calidad de las prestaciones podrían avalar un tratamiento distinto de la experiencia profesional puesto que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que: << Las garantías de seguridad y calidad son aplicables a todos los centros, públicos y privados, independientemente de la financiación de las prestaciones que estén ofreciendo en cada momento, siendo responsabilidad de las Administraciones públicas sanitarias, para los centros de su ámbito, velar por su cumplimiento >>. A mayor abundamiento, la Ley de Salud de Extremadura preverá que:

(i)     En relación a las competencias de la Consejería responsable en materia de sanidad, con relación al Sistema Sanitario Público de Extremadura, que ésta pueda << Controlar los centros, servicios, establecimientos y actividades sanitarias y centros sociosanitarios, en lo que se refiere a la autorización de creación, apertura, modificación y cierre, así como el mantenimiento de los registros pertinentes, su catalogación y, en su caso, su acreditación >> (art. 8.1,c);

(ii)   Y respecto a la colaboración con el SES: << La suscripción de conciertos con entidades, empresas o profesionales ajenos al Servicio Extremeño de Salud para la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios se realizará en igualdad de condiciones de eficacia, eficiencia y calidad, teniendo en cuenta los principios de subsidiaridad, complementariedad, optimización y adecuada coordinación en la utilización de recursos públicos y privados, y teniendo en cuenta las necesidades de atención sanitaria en cada momento >> (art. 75.1).


CUARTA.- Significar, a meros efectos dialécticos, que las bases de la convocatoria (de 2014) en ningún momento exigían (ni exigen) a los aspirantes acreditar que los centros sanitarios privados para los que han trabajado tuvieran que estar inscritos en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios (en adelante, REGCESS). De hecho, se ha de llamar la atención respecto a que el REGCESS fue creado por el Ministerio de Sanidad y Consumo por Orden SCO/3866/2007, de 18 de diciembre, por la que se establece el contenido y la estructura del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por lo que resulta materialmente imposible que algunos centros (desaparecidos antes) figuren en el mismo.

Además de lo anterior, sucede que el REGCESS no deja de ser un registro de carácter meramente INFORMATIVO que no añade valor alguno a la experiencia profesional. ¿Podría, por tanto, negarse la valoración de la experiencia profesional adquirida en un centro no inscrito en el REGCESS? No, porque:

1. Tal inscripción es un trámite administrativo ajeno por completo al profesional sanitario.

2. Según el artículo 5.4 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y el artículo 2.1 de la Orden SCO/3866/2007, de 18 de diciembre, por la que se establece el contenido y la estructura del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, el REGCESS es un registro de carácter meramente informativo.

3. En cualquier caso, el hecho de que un centro no esté registrado en el REGCESS en modo alguno niega la realidad de la experiencia profesional adquirida como Enfermera, que es el mérito a valorar, como tampoco cuestiona su calidad. Negar esa valoración conculcaría el derecho fundamental a la igualdad (arts. 14 y 23.2 CE).

Lo mismo cabe decir respecto al RECESS, con el agravante de que la inscripción en el mismo se realiza DE OFICIO por la propia Junta de Extremadura conforme al artículo 5 de la Orden de 3 de febrero de 2009  por la que se regula el contenido y el régimen de organización y funcionamiento del Registro de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios de Extremadura (RECESS) y se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal del citado Registro. Además, sucede que, según la Disposición Adicional Segunda del Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre autorización administrativa de centros, establecimientos y servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura regula la “Comunicación al Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios” en los siguientes términos: << La Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias de la Consejería competente en materia de sanidad dará traslado a la Secretaría General de la misma de los datos contenidos en el RECESS que sean necesarios facilitar para mantener permanentemente actualizado el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, al objeto de que la Secretaría General proceda a su oportuna comunicación al Ministerio de Sanidad y Consumo >>.


Por tanto, la Junta le tiene que comunicar al Ministerio los contenidos de su registro, cumpliendo, como ha quedado dicho, la obligación que le impone la Orden de 3 de febrero de 2009 (de dar de alta de oficio en el RECESS a los Centros a los que les concede la autorización de funcionamiento).

QUINTA.- A lo pretendido por quien suscribe no se pueden oponer con éxito ni el contenido de un Pacto sindical ni la doctrina del acto consentido. Respecto a las previsiones de un Pacto, véase la Sentencia núm. 67/1989, de 18 de abril, dictada por el Tribunal Constitucional (Sala Segunda, recurso de amparo núm. 894/1998), en cuyo Fundamento Jurídico 5 se afirma que: << El que la decisión tenga su origen en un acuerdo de la Comisión Regional de la función pública, en cuya composición se encuentran representantes de otras administraciones de la Comunidad y de las representaciones sindicales, el que se hayan seguido la pautas de otras convocatorias del Estado o de otras Comunidades Autónomas, y que éstas, a su vez, no hayan sido anuladas por la jurisdicción contencioso-administrativa no son razones suficientes para impedir que la decisión en sí misma pueda ser considerada contraria al art. 23.2 de la Constitución >>.

En relación a la doctrina del acto consentido, es obligada la referencia a (i) la obra Curso de Derecho Administrativo de los ilustres profesores D. Eduardo García de Enterría y D. Tomás-Ramón Fernández, (ii) a la doctrina del Tribunal Constitucional y (iii) a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Dirán los ilustres profesores antes citados que: << En efecto, la esencia de la nulidad de pleno derecho consiste en su trascendencia general. La gravedad de los vicios que la determinan trasciende del puro interés de la persona a la que afecta y repercute sobre el orden general. Por eso, precisamente, el consentimiento del interesado no convalida el acto nulo, ya que nadie puede consentir eficazmente algo que rebasa su propia esfera individual y trasciende al ámbito de lo general. La nulidad de pleno derecho resulta ser entonces de orden público, lo cual explica que pueda ser declarada de oficio por la propia Administración e incluso, por los Tribunales, aun en el supuesto de que nadie haya solicitado esa declaración >>.

Y es que la vulneración de un derecho fundamental (el de igualdad en este caso) se califica, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 47.1, e) como vicio de nulidad de pleno derecho, siendo que tales vicios son una cuestión de orden público, lo que llevará a los profesores de Enterría y Fernández a sostener que: << Nada importa, por tanto, que el recurso jurisdiccional haya sido interpuesto fuera de plazo o por persona no legitimada, que el acto nulo objeto del mismo sea simple reproducción o confirmación de otro anterior no impugnado o que concurran cualesquiera otras causas de inadmisibilidad. El Tribunal está facultado, y obligado, a declarar de oficio, por propia iniciativa, la nulidad del acto en todo caso, en interés del orden general, del orden público, del ordenamiento mismo que exige que se depuren en cualquier momento los vicios cuya gravedad determina la nulidad de pleno derecho del acto al que afectan” (página 667 del “Curso de Derecho Administrativo I”) >>.

Por su parte, en la Sentencia núm. 107/2003, de 2 de junio (rec. de amparo núm. 4307-2001), la Sala Primera del Tribunal Constitucional establecerá que: << En todo caso, conviene asimismo precisar que, conforme a nuestra doctrina (SSTC 193/1987, de 9 de diciembre, F. 2 , y 93/1995, de 19 de junio , F. 4, por todas, y ATC 12/1998, de 15 de enero , F. 4), el hecho de que la demandante no recurriera en su día contra la Orden por la que se publicaron las bases de la convocatoria no es obstáculo para plantear ahora, ante este Tribunal, un recurso de amparo por lesión de sus derechos fundamentales contra los actos de aplicación de dichas bases por la razón de que aquéllas se consideran inconstitucionales, puesto que la presunta vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y empleos públicos ( art. 23.2 CE ) invocado por la demandante se habría producido, en su caso, de forma concreta y real, en el momento en que el nombramiento para ocupar las plazas controvertidas ha recaído en personas distintas a la recurrente en amparo, esto es, al dictarse la Resolución de 24 de septiembre de 1999 de la Secretaría de Estado para la Administración pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del cuerpo auxiliar de la Administración de la Seguridad Social mediante el proceso de consolidación de empleo de carácter temporal, que es el acto administrativo contra el que se dirigió el recurso Contencioso-Administrativo desestimado por la Sentencia que ahora se recurre en amparo. Por tanto, estas vulneraciones que tienen su origen en las bases de la convocatoria, pero se consuman en la resolución que pone fin al proceso selectivo, junto con la acaecida en el desarrollo del proceso selectivo, en referencia a la decisión del Tribunal coordinador de rebajar la puntuación exigible para aprobar el primer ejercicio de la oposición, deben ser examinadas desde la perspectiva del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y empleos públicos que garantiza el art. 23.2 CE >>.

Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Sentencias de 25 de febrero y 2 de marzo de 2009, dirá que: <<…el principio de que las bases son la ley del concurso, ha de entenderse, (como ocurre igualmente en los contratos, que constituyen la base de la relación contractual), en la medida en que sean conformes con el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el consentimiento de las bases no puede convertirse en un obstáculo impeditivo "a priori" de la fiscalización de los actos administrativos. Al margen de la técnica admitida por esta Sala de los supuestos de la nulidad de pleno derecho, que al permitir la impugnación en cualquier momento, impediría la producción del consentimiento del acto, pues siempre podría reaccionarse contra el mismo en tiempo y forma o, como también se ha admitido por la jurisprudencia, distinguiendo entre un primer momento, en que pueden impugnarse las bases, y otro, en que puede impugnarse la aplicación de éstas en el acto resolutorio del proceso selectivo, cuando aquella es decisiva del resultado lesivo para el interesado, pues en efecto, la impugnación de bases conlleva generalmente un resultado dañoso para el propio impugnante, al poder paralizar el proceso selectivo, siendo así que, a pesar de que quien participa en el mismo pueda dudar de la legalidad de alguna de ellas, hasta que se produzca efectivamente su aplicación y ésta sea decisiva, puede no interesarle su impugnación >>; <<…En consecuencia, aunque se admite que las Bases de un proceso selectivo no son un reglamento y en consecuencia no son susceptibles de ser impugnadas indirectamente, si que forman parte del proceso selectivo que culmina con la resolución de este, y aunque no puedan ser impugnadas en la medida en que sean legales, tampoco la falta de impugnación de este acto sana o puede ser un impedimento para la impugnación del acto resolutorio del proceso selectivo, que sólo lo será en la medida en que fueran las bases conformes con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, siendo esta la única razón de la sentencia, hay que admitir con la misma que, efectivamente se produce por ella la conculcación de los preceptos que ahora cita la recurrente en su recurso, al admitir a los funcionarios al proceso selectivo >>.

Por lo expuesto,Cerrar


SOLICITA que tenga por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud, dicte resolución por la que, previa observancia de los preceptivos trámites, reconozca la procedencia de la valoración de los servicios prestados, como Enfermera, por la dicente en la Residencia _____________________________________.

En __________, a 18 de mayo de 2018.






[1] Pág. 667, Editorial Civitas, 2013.